“No se preocupen”, escribió el embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik-Bagdasarov, al hacerse público el anuncio de que Rosneft salía de sus operaciones en la Faja del Orinoco. “Se trata de un traspaso de los activos de Rosneft al Gobierno de Rusia directamente”, complementó el embajador con el fin de calmar dentro y fuera del régimen de Maduro. “Seguimos juntos en adelante”, señaló en muestra clara del apoyo de Moscú a Nicolás Maduro. Pero, por más que explique lo que explique el diplomático, el mal ya está hecho. El que menos se beneficia es Maduro.
Por Juan Carlos Zapata | Konzapata
Porque el mensaje de que se va, de que “traspasa”, de que no quiere operar en Venezuela, ya en sí mismo es negativo, viniendo de ese aliado como Rosneft que lo ha conseguido todo con el régimen de Maduro. Un mensaje que marca una ruta para las petroleras que quedan en el país y ahora sí, luego de la acusación de los Estados Unidos contra Maduro y el grupo que lo respalda y lo sostiene en el poder, por narcotráfico y apoyo al terrorismo, por conspiración y corrupción, tomarán la decisión de irse del país.
El costo es muy alto. Es un costo político. Es un costo económico. Y así lo entendió Rosneft. Lo que resalta es que haya sido Rosneft la primera en anunciarlo. Y con Rosneft, su jefe. Igor Sechin, ese amigo de Vladímir Putin, ese aliado del régimen de Maduro. Contar con Rosneft era contar con una de las petroleras más grandes del mundo. Aunque hace unos meses le escuché decir a un empresario que Rosneft no estaba poniendo plata, que no invertía, que sólo se estaba cobrando las deudas, y que la operación en Petromonagas, por ejemplo, la había encontrado hecha. Tenía esa ventaja. “Rosneft concluyó un acuerdo con una compañía 100% propiedad del Gobierno de la Federación Rusa, para vender todos sus intereses y cesar su participación en sus negocios venezolanos, incluidas las empresas conjuntas de Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda y Petrovictoria, así como el petróleo, empresas de servicios de campo, operaciones comerciales y comerciales”. Eso dice la letra del comunicado.
Para Maduro este anuncio lo afecta de otra manera. Y es que Sechin, siendo hombre de confianza de Putin, era el principal aliado de Maduro en Moscú. Por Sechin, Putin se enteraba de la situación de la industria petrolera. Se enteraba de los problemas y de lo que otras veces hemos anotado, que en PDVSA, que en los campos, había irregularidades, había corrupción, había desconocimiento del negocio petrolero. Putin, que hizo carrera poniendo el foco en las empresas exsoviéticas en problemas, entendía de lo que le estaba hablando su amigo.
Y aunque Putin pretenda todavía jugar con Maduro, y ha dicho que Rusia no abandona a sus aliados, en Bolivia cambió de bando apenas se desarrollaban los acontecimientos que condujeron a la renuncia de Evo Morales de la presidencia. Putin dijo entonces que lo principal era evitar el caos y perseverar los negocios de Rusia en Bolivia, y que estaba dispuesto a trabajar con quien se quedara en el poder.
Pero Bolivia no es Venezuela y no hay que desestimar que a las primeras de cambio, Putin le lanza un nuevo reto a los Estados Unidos. Asume la operación de Rosneft, por tanto, cualquier reacción de Washington de castigo o más sanciones, ya no serán contra Rosneft o una filial de Rosneft sino directamente contra el gobierno de Rusia, que será el dueño de los activos en Venezuela.
Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, introduce un punto adicional. Es el aspecto jurídico. Esto lo saben en la Asamblea Nacional de Juan Guaidó. El diputado Angel Alvarado ya lanzó un alerta en ese sentido. Se trata de la ilegalidad de la operación. En el Parlamento que preside Guaidó ya alertaron de la ilegalidad de la operación. Y ese es el punto que Ramírez explica con detalles.
Escribe el exZar de PDVSA este domingo que “más allá de las motivaciones de la empresa rusa, cuyo 40% está en manos de inversionistas privados, entre ellos, ingleses y cataríes e, independientemente de lo que ellos decidan hacer en Moscú con la empresa a la cual Rosneft le cede sus negocios en Venezuela, lo primero que hay que señalar es que esa actuación es contraria a nuestra ley, específicamente, a la Ley Orgánica de Hidrocarburos”.
Puntualiza que “cualquier cambio de propietarios o composición accionaria de las empresas mixtas que operan en el país, debe ser aprobado en primera instancia por el Ejecutivo Nacional y, luego por la Asamblea Nacional. Es decir, Rosneft no puede ‘trasladar o transferir’ sus activos y la autorización otorgada por el Estado venezolano para operar EN CONJUNTO con PDVSA bajo la figura de Empresas Mixtas, sobre actividades que ESTÁN RESERVADAS AL ESTADO POR LA CONSTITUCIÓN, sin la debida autorización del Ejecutivo Nacional y con posterioridad, de la Asamblea Nacional. Esto es así y se trata de la LEY”.
Se entiende que Igor Sechin y Rosneft no dieron el paso sin consultar antes con Putin, y con algún interlocutor en PDVSA o en el Ejecutivo de Maduro. Es una papa caliente. Veamos:
Porque Moscú fue uno de los que más presionó para que los diputados de Maduro volvieran en 2019 a la Asamblea Nacional ya que reconocía a esta institución como legítima.
Pero luego fue desde Moscú que llegó también la presión de que Maduro debía controlar la Asamblea Nacional con el propósito de darle carácter legal a los negocios de Rosneft en Venezuela.
Y luego fue que se procedió con el golpe de Estado de Maduro contra Guaidó en la Asamblea Nacional y Rusia reconoció a la Asamblea Nacional presidida por Luis Parra.
Ahora es posible entender que Maduro esté dispuesto a pasar esta operación y otras por la Asamblea Nacional de Parra.
Si hace esto, ¿cuáles serán las consecuencias en este entorno de alta crispación?
Por los momentos, el caso es que, señala Ramírez, “el legislador, cuando estableció esta ‘condición sine qua non’ en la Ley Orgánica de los Hidrocarburos, protegía a la República de que decisiones de cualquier entidad privada, nacional o internacional, afectaran o pusieran en peligro la SOBERANÍA y la continuidad operacional de la industria petrolera en el país. Por otra parte, protegía a la República de que nuestra principal industria, producto de transacciones entre privados, quedara en manos de entidades que no tuviesen la capacidad técnica o tuviesen intereses distintos a los establecidos en nuestra Constitución, producto de acuerdos entre privados”.
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