El Gobierno Nacional, tras más de 20 días de haberlo anunciado, expidió el decreto para reducir la población carcelaria y sacar de los penales a la población más vulnerable frente al covid-19.
Por EL TIEMPO
La medida, según los cálculos iniciales del Ministerio de Justicia, permitiría la salida a sus casas de alrededor de cinco mil personas.
El documento, que fue consultado con la Fiscalía General y el Consejo Superior de la Judicatura, establece que la población carcelaria podrá verse beneficiada con una medida de detención domiciliaria transitoria, previo cumplimiento de algunos requisitos.
Los beneficiarios de la excarcelación serán los mayores de 60 años, madres gestantes y lactantes o con hijo menor (3) años de edad, dentro de los establecimientos penitenciarios, personas que padezcan enfermedades graves o en condición discapacidad, Personas condenadas o que se encontraren con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento penitenciario y carcelario por delitos culposos. así como quienes hayan sido condenados a penas menores de cinco años y que hayan cumplido el 40 por ciento de la pena.
El beneficio sería por seis meses. Al término de ese tiempo, tendrían que regresar a los centros de reclusión a seguir cumpliendo sus medidas de aseguramiento intramurales.
El decreto igualmente beneficia a quienes se encuentren detenidos en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) y cumplan con los requisitos establecidos.
No serán beneficiadas personas vinculadas con delitos de lesa humanidad, delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes-especialmente sexuales-, delitos de corrupción, terrorismo, narcotráfico, entre otros, y personas que se hayan acogido a la justicia transicional.
El decreto establece que, durante su vigencia y cuando una persona sea capturada, se dará prioridad a la casa por cárcel por encima de la medida de aseguramiento intramural para evitar que más personas sigan llegando a los penales. Igualmente señala que si el beneficiado incumple su detención domiciliaria perderá esa garantía y se expedirá una orden de captura para que regrese a prisión.
La verificación del cumplimiento de la casa por cárcel será supervisada por el Inpec, que también tendrá que elaborar los listados de las personas que cumplen con los requisitos para entregarlos a los jueces de ejecución de penas que serán los encargados de emitir las boletas de excarcelación.
Una vez se dé la orden, el Inpec se encargará del traslado del interno a su residencia.
Vencido el tiempo de vigencia del decreto, los internos tendrán cinco días hábiles para presentarse ante los jueces de control de garantías quienes definirán si ya cumplieron sus penas o deben regresar a prisión a seguir descontando tiempo de la sentencia.
Medida polémica
El decreto es una de las medidas de emergencia que contempla el Gobierno para evitar el incremento de contagiados por el nuevo coronavirus y teniendo en cuenta la dramática situación de hacinamiento en los establecimientos carcelarios del país, que a febrero de 2020 era de 53,7%. Actualmente, la capacidad penitenciaria del país es de 80.763 cupos. Sin embargo, la población reclusa es de 124.105 personas privadas de la libertad.
Ese sobrecupo, sumado a las precarias condiciones de salubridad de la mayoría de los establecimientos del país han creado unas condiciones difíciles donde el virus podría esparcirse rápidamente y poner en peligro cientos de vidas.
De hecho, la alarma se desató esta semana cuando en la Cárcel de Villavicencio se reportó la muerte de dos presos fallecidos y uno hospitalizado por covid-19. Pero lo más preocupante es que el gobernador de Meta Juan Guillermo Zuluaga aseguró que hay 15 nuevos casos en ese establecimiento carcelario. Y si bien están aislados, la situación es delicada.
La cárcel de Villavicencio es una de las 20 que mayor índice de sobrepoblación tiene. Actualmente, reporta capacidad para 899 presos, pero su población interna es de 1814, lo que equivale a un 101,8% de hacinamiento, de acuerdo a estadísticas del Inpec.
Bomba de tiempo
La situación, ha despertado protestas y motines en las cárceles de país y amenaza con tensionar más la ya difícil situación que se vive intramuros. La más violenta de las protestas hasta ahora ocurrió el pasado 21 de marzo. Esa noche de sábado, internos de varias cárceles del país comenzaron una protesta, al parecer coordinada, en contra de las medidas que las autoridades han tomado hasta el momento para contener el contagio de coronavirus (covid-19).
La situación se salió de control en la cárcel Modelo de Bogotá, donde los disturbios dejaron al menos 23 personas muertas.
Esto obligó al Gobierno a decretar la emergencia carcelaria en todo el país. Esta medida permite que el Gobierno tome acciones más inmediatas de cara a la situación sanitaria y de hacinamiento que hay en los penales.
Como parte de ello, se redactó el decreto que, en palabras recientes de la ministra Cabello, no pretende terminar con la larga historia de hacinamiento en el país, sino contener el virus.
“Sabemos que las medidas, si se toman, no van a ser las que todos quieren. Repito, si se toman, algunos van a decir que son muy suaves; no vamos a tener una opinión de consenso o aprobación, y no puedo en este momento buscar un consenso total”, dijo en su momento la alta funcionaria.
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