Amparado en un decreto de estado de alarma emitido el 13 de marzo, Nicolás Maduro puede restringir la libertad de tránsito, los derechos a la cultura, a la educación, al deporte y de reunión para tratar de contener la expansión del coronavirus. Sin embargo, la medida ha comenzado a tomar otros matices que, más allá del tema epidemiológico, parecen encubrir una intencionalidad política del régimen venezolano.
Zenaida Amador / ALnavío
Incluso Nicolás Maduro ya abre la opción de que este año no haya elecciones parlamentarias, aun cuando es mandatorio que en enero de 2021 asuma un nuevo cuerpo de diputados la Asamblea Nacional para un período de cinco años. “A estas alturas no sé si habrá elecciones porque tenemos la prioridad (del COVID-19) y sería irresponsabilidad de mi parte decir que debe haber elecciones”, aseguró este fin de semana.
El comentario lo hace a 20 días de haber reconocido públicamente como presidente de la Asamblea Nacional a Luis Parra, el diputado disidente de la oposición que terminó montando tienda aparte de la mayoría parlamentaria, tomó por la fuerza el Palacio Federal Legislativo y, junto a la fracción del chavismo, dice liderar el Poder Legislativo, considerado ilegítimo por la comunidad internacional. Con esta pieza en sus filas Maduro puede ensayar una fórmula de gobierno en medio de la crisis, mientras garantiza las condiciones favorables a su plan de control de la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó.
Este señalamiento de Maduro sobre las elecciones llega mientras avanza en su estrategia para potenciar, a la sombra de la contención del coronavirus, un férreo sistema de control social. Parece entonces que Maduro está tejiendo una vez más una red para sostenerse en el poder aun en medio de la pandemia de coronavirus.
Fidelidad ante todo
En un país cuyo sistema de salud está desmantelado el régimen de Maduro invita a los ciudadanos a que ingresen a un portal web para hacer test de descarte del coronavirus. “Estaremos utilizando la plataforma patria para control, seguimiento y prevención de la pandemia de coronavirus”, anunció Jorge Rodríguez, ministro de Información de Maduro a mediados de marzo, cuando se presentó el primer caso en el país.
Se trata del mismo portal que ha asistido a Maduro en sus planes de control social en los últimos cuatro años. En este sistema se gestiona el llamado Carnet de la Patria, mediante el cual Maduro ha intentado fidelizar a una importante porción del país que, desde antes del brote de COVID-19, depende de sus ayudas, cajas de alimentos y bonificaciones para sobrevivir. No hay que perder de vista que sin las secuelas de la pandemia ya en Venezuela cerca de 80% de los hogares estaban en situación de pobreza y la economía se había contraído de forma sostenida a lo largo de seis años.
Sin salirse de la línea
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, resume la situación señalando que Maduro usa el COVID-19 como un pretexto para ejercer control social en la población. El país está a merced de las autoridades con los militares al frente de las acciones de vigilancia junto a los cuerpos especiales de seguridad que controla Maduro, y con todas las actividades nacionales paralizadas, salvo en sectores priorizados como alimentos, salud y servicios básicos.
La escasa gasolina se vende a través de un estricto racionamiento manejado por los militares y la movilidad ciudadana está restringida. Aun así, en medio de la pandemia se han reportado protestas por la escasez de combustible, las fallas eléctricas, la ausencia de servicio de agua potable y de gas doméstico, como revela el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
Control total
El régimen sigue cerrando espacios. A propósito de la orden nacional de aislamiento social masivo, poco a poco las medidas de vigilancia se van expandiendo por el territorio en versiones diversas adoptadas por autoridades regionales, municipales e incluso comunales. Y, lejos de tender a normalizarse, parece que la situación se radicaliza.
El ensayo más llamativo recién se aplicó en una de las barriadas más populosas de Caracas. Se trata de la parroquia Sucre, donde “el Gobierno Popular”, a través de los consejos comunales de la zona, emite un cartón que sirve de salvoconducto para permitir la movilidad limitada de los habitantes, con lo que se restringe su circulación y permanencia en las calles.
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