El Tribunal Supremo de Israel deberá, finalmente, decidir si un acusado de delitos graves puede optar al cargo de primer ministro, una decisión que afectará de pleno a la formación de un Ejecutivo encabezado por Benjamín Netanyahu, sobre el que pesan tres cargos de corrupción.
EFE
Desde que se anunció anoche el pacto para formar un gabinete de unidad nacional, el tribunal ha recibido tres peticiones para que prohíba que Netanyahu -acusado de fraude, cohecho y abuso de confianza- pueda acceder a la jefatura de Gobierno.
La ley israelí impide a un ministro seguir ocupando el cargo si es encausado, pero no dice nada sobre el primer ministro, lo que deja el asunto a interpretación judicial.
En los últimos meses, el Supremo ha recibido hasta tres peticiones en este sentido, sin embargo, en todas ellas se ha negado a estudiar el asunto, alegando que se trataba de una cuestión hipotética y que, por tanto, no era necesaria una decisión, que hubiera podido alterar las negociaciones y desarrollo político del país.
Pero el pacto de anoche hace que la cuestión ya no sea solo hipotética. Si no hay resolución judicial contraria, el acuerdo estipula que Netanyahu será primer ministro hasta octubre de 2021, fecha en la que será sustituido en el cargo por Beny Gantz.
Por el momento, el tribunal ha dado de plazo al Estado para que se pronuncie sobre las peticiones antes del próximo jueves, pero no ha tomado ninguna medida temporal mientras tanto.
Según el acuerdo entre los dos líderes de los partidos más votados ayer, si el Supremo descalifica a Netanyahu para el cargo de primer ministro, el país tendrá que celebrar nuevas elecciones. Serían las cuartas en un año y medio, tras tres citas electorales en abril y septiembre de 2019 y marzo de 2020 y cerca de año y medio con un gobierno en funciones.
El juicio a Netanyahu tendría que haber empezado el pasado marzo, pero dos días antes de que se sentase en el banquillo se declaró una emergencia judicial por el coronavirus, que paró todos los procedimientos, por lo que este fue pospuesto hasta el próximo 24 de mayo.
Según medios locales, uno de los detonantes que hizo que ayer acabaran las negociaciones y se alcanzara un pacto, fue la amenaza de Gantz, actualmente presidente del Parlamento, de permitir que se presentase una propuesta legislativa que prohibiría que un acusado pudiese recibir el encargo de formar gobierno.
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