Los empresarios colombianos que se consagraron como los contratistas preferidos de Nicolás Maduro ya no solo canalizan sus intereses a través de un laberíntico portafolio de empresas y accionistas ‘offshore’. Para entrar de lleno en industrias básicas, desde hace algún tiempo encargan a ciertos individuos, allegados a sus negocios y dispuestos a atravesar en cualquier dirección el umbral entre los sectores público y privado, para tomar posesión de empresas del Estado venezolano. Así hicieron con Minervén y estuvieron a punto de hacerlo con la empresa de fertilizantes de Barranquilla, Monómeros Colombo Venezolanos, quizás solo detrás de Citgo, la propiedad más valiosa de la República en el exterior.
Parece inevitable: el protagonista de esta historia es nuevamente Alex Naim Saab Morán. El hombre al que Nicolás Maduro confió el suministro de alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), al que entregó la red estatal Abastos Bicentenario, al que cedió la comercialización del oro venezolano o la construcción de los “gimnasios verticales”, entre otros negocios, también estuvo a punto de controlar Monómeros Colombo Venezolanos, el complejo petroquímico que nació como un proyecto binacional y hoy es filial de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven).
Sea porque la sede de la compañía está ubicada en Barranquilla, ciudad natal de Alex Saab, o porque este se convirtió en el principal contratista de Maduro desde 2013, el colombiano estuvo a punto de obtener el control de Monómeros, que desde 2006 pertenece en su totalidad a Venezuela y es la principal productora de fertilizantes del mercado colombiano. Aunque el plan no funcionó, su solo propósito pone de nuevo de relieve la interminable influencia de Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas en la estructura financiera del régimen chavista, así como la compleja trama societaria desperdigada por el mundo con numerosos colaboradores para tal fin.
Todo marchó como el plan para tomar Monómeros preveía, hasta el 30 de enero de 2019. Ese día, en plena pista del aeropuerto de Barranquilla, funcionarios de Migración Colombia comunicaron al ciudadano venezolano Ronald Alexander Ramírez Mendoza, quien había llegado en un vuelo privado proveniente desde Panamá, que sería “inadmitido” y debía a su país de origen.
Un mes antes, el 20 de diciembre de 2018, Ronald Ramírez había sido designado por Nicolás Maduro para ocupar la presidencia de Monómeros. El nombramiento quizás buscaba anticipar una posible maniobra contra ese activo venezolano en el exterior, que todavía no era objeto ni de sanción ni de acción judicial alguna. Si ese era el cálculo de Maduro, sus temores se verían conformados. El 5 de enero de 2019 el diputado de Voluntad Popular (VP), Juan Guaidó, era electo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, y poco menos de una quincena más tarde, el 23 de enero de 2019, se proclamó como presidente encargado de la República, con el apoyo de las principales potencias occidentales. Esto último se consumó siete días antes del desafortunado desembarco de Ramírez en Barranquilla.
Aunque Ronald Ramírez es un funcionario público de recorrido discreto, su valía se la otorga su condición de miembro, otro más, de la compleja red de Alex Saab. Semanas antes de su intento por tomar posesión física de la presidencia de Monómeros, Ramírez había representado en Caracas a Adon Trading FZE, una empresa registrada en los Emiratos Árabes Unidos y ligada al portafolio de compañías que el empresario colombiano usa para sus negocios con el chavismo.
Como representante de Adon Trading FZE, Ramírez ofreció semillas e insumos a los productores agrícolas. Según las fuentes que conocieron del negocio, Adon Trading FZE compraría esos productos a algunas transnacionales temerosas de negociar directamente con el Gobierno de Maduro tras las sanciones financieras impuestas por la administración de Donald Trump desde 2018 o por los consabidos incumplimientos de pago que lastran de riesgos financieros las transacciones con el régimen bolivariano. Luego la compañía los revendería a sus clientes finales en Venezuela.
Aunque el negocio al final no se materializó, dejó el rastro de otro tinglado societario con el que Saab y Pulido intentaban ampliar sus nexos comerciales con Venezuela.
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