Casi una semana después desde los hechos ocurridos en el Centro Penitenciario de Los Llanos en el estado Portuguesa en el que más de cuarenta reclusos fueron asesinados, el defensor del pueblo afín al régimen de Nicolás Maduro, Alfredo Ruíz, apareció para aseverar que autoridades del Ministerio Público y del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) investigan el caso.
Para Ruíz tildar de «masacre» el asesinato de lo más de cuarenta reos es adelantarse a dar opinión sobre la investigación. Aseguró que se trata de un hecho en el cual un grupo de privados de libertad intentó fugarse y agrediaron al director de esa prisión y lanzaron varios artefactos explosivos por los que miembros de la Guardia Nacional (GN) resultaron heridos.
Según el defensor del pueblo los funcionarios del gobierno de Maduro buscan determinar responsables y cómo fueron ingresaron los artefactos explosivos a centro de reclusión. Así como también intentar hallar la razón por la que se produjo el «ataque de los privados de libertad a los custodios», y si hubo excesos o no.
De acuerdo con el parte policial, un grupo de presos que intentaba escaparse del lugar atacó sorpresivamente al director del recinto penitenciario Carlos Toro, cuando estaba en compañía de un teniente e intentaban mediar con un hombre identificado como “Olivo”, presunto pran del lugar.
Tras los hechos el Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que los presos están hacinados. La ONG indicó que ese centro tiene una capacidad instalada para 750 reclusos, pero están internados 2500 personas. A esa denuncia se sumó Humberto Prado, designado comisionado para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, quien calificó de «masacre» lo ocurrido en el centro penitenciario.
En entrevista a VivoPlay, Prado responsabilizó al Ministerio de Servicios Penitenciarios por lo ocurrido y detalló que lo que sucedió fue una protesta por parte de más de 100 reclusos, quienes se quejaban que la comida que les llevaban sus familiares no les llegaba a ellos porque los funcionarios de la Guardia Nacional y de la cartera penitenciaria se las quitaban para comérsela.
La invasión marítima
El defensor del pueblo también se refirió a la supuesta incursión marítima por las costas de los estados Vargas y Aragua de presuntos mercenarios que tendrían como objetivo sacar de poder a Nicolás Maduro. Al respecto, detalló los aprehendidos son personas que pertenecen a grupos irregulares.
Asimismo, sostuvo que se realizaron los procesos de verificación correspondientes en términos legales. Señaló que el llamado desde la Defensoría del Pueblo es a entregar el armamento. «Sólo los cuerpos de seguridad pueden estar armados, las personas solicitadas deben someterse a los tribunales para determinar sus responsabilidades».
Por otra parte, dijo que su despacho gestionó con sus pares en otros países la atención a los venezolanos que «estaban siendo descuidados en algunos aspectos». Según Ruíz, fue gracias a esas conversaciones que los connacionales pudieron trasladarse a la frontera a fin de ingresar de forma segura.
Con información de Tal Cual
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