La oposición venezolana rechazó este lunes 25 d emayo en bloque la acusación de «organización criminal con fines terroristas» hecha por la Fiscalía contra el partido Voluntad Popular (VP), que lidera Leopoldo López y en el que militó durante toda su carrera hasta enero pasado el presidente encargado, Juan Guaidó.
EFE
«Voluntad Popular rechaza categóricamente las acusaciones del fiscal de la usurpación, en las cuales nos pretende señalar de terroristas y organización criminal, características que en realidad describen a la dictadura y no a los partidos democráticos que la enfrentamos», escribió el partido en su cuenta de Twitter.
En la petición, enviada a la Sala Constitucional del ilegítimo e inconstitucional Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Fiscalía pide «declarar al partido u organización política Voluntad Popular, organización criminal con fines terroristas y consecuencialmente sea disuelta en razón de lo establecido en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones», según anunció el titular del ente investigador, Tarek William Saab.
El partido opositor señaló a su vez que son el Ejecutivo de Nicolás Maduro y sus instituciones «quienes están acusados y solicitados internacionalmente por terroristas y narcotraficantes» y afirmó que «tienen lazos de amistad» con las FARC, guerrilla colombiana disuelta tras firmar un acuerdo de paz, así como con la del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Hizbulá.
Asimismo, denunció que «su política es ir a por todos y cada una de las organizaciones de la unidad (opositora) con el fin de lograr un partido único».
También interpeló a Maduro, a quien acusó de ser «un cobarde» que ordena al fiscal, «defensor de narcos y terroristas, que solicite ante los falsos magistrados corruptos nuestra disolución como partido político».
«NO SOMOS TERRORISTAS»
Primero Justicia (PJ), partido del dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, rechazó «categóricamente la pretensión de la dictadura» y señaló que quienes luchan por la libertad y la democracia en Venezuela no son terroristas.
A su vez, mostró su apoyo y solidaridad con VP y ratificó su «compromiso unitario de continuar juntos luchando por la libertad de Venezuela».
Acción Democrática (AD), uno de los dos partidos tradicionales de Venezuela y adscrito a la Socialdemocracia, apuntó que la medida de la Fiscalía es una «nueva arremetida del régimen» y «otro intento fallido en su afán por intentar destruir los partidos políticos que juntos luchan por la democracia».
MÁS MEDIDAS CONTRA LOS PARTIDOS
Por su parte, Un Nuevo Tiempo (UNT), partido nacional que nació en el estado Zulia (fronterizo con Colombia) y también socialdemócrata, manifestó que el ataque contra VP «se suma a la inhabilitación de los partidos, encarcelamiento de dirigentes y ataque brutal contra la protesta» y que desde la organización trabajarán «por recuperar las instituciones y la democracia».
Vente Venezuela, agrupación derechista que lidera María Corina Machado, también rechazó la «arremetida del régimen» contra VP y reafirmó el comentario del partido de Guaidó.
«El terrorismo y el narcotráfico están en el propio Estado criminal. Enfrentarlo y desmontarlo es urgente», subrayó.
Asimismo, Encuentro Ciudadano, del que es líder la diputada Delsa Solórzano, emitió su mensaje de solidaridad en redes sociales y aseguró que esto es «una nueva arremetida del régimen que hoy oprime a los venezolanos».
UN «CICLO DE CONVERSIÓN TERRORISTA»
El fiscal Saab dijo este lunes que Voluntad Popular cerró «el ciclo de conversión de Voluntad Popular en organización terrorista trasnacional» con «una fase que comenzó el 23 de enero de 2019», cuando Guaidó juró como presidente interino de Venezuela amparado en una interpretación de la Constitución y fue posteriormente reconocido en el cargo por más de 50 países.
En ese puesto y «valiéndose del apoyo del gobierno de los Estados Unidos, este falso presidente, ha ido apropiándose de bienes que pertenecen a la República para su provecho personal y el de sus cómplices», según el relato de Saab.
Además, les acusó de haberse apoderado de diversas empresas estatales y, «con el apoyo del gobierno de Estados Unidos», de «dinero perteneciente al país en cuentas ubicadas en el extranjero».
«Con ese dinero financiaron una incursión mercenaria contra nuestro territorio y buscan comprar lealtades para continuar intentando llevarnos, incluso en plena pandemia, a una guerra civil», aseguró en referencia a las dos fallidas incursiones en las que murieron ocho personas.
Por todo ello consideró que «los dirigentes de Voluntad Popular y sus secuaces han hecho de la agresión al pueblo venezolano su negocio» y les acusó de buscar «el cambio de gobierno por la vía de la implosión social».
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