La advertencia del presidente Donald Trump de que desplegará a las fuerzas armadas de Estados Unidos en cualquier estado que se niegue a tomar medidas estrictas contra los disturbios se basa en un antiguo poder presidencial que otorga gran flexibilidad a la Casa Blanca, según expertos legales.
Sin embargo, decidir hacerlo sin duda se enfrentaría a la oposición jurídica y a una fuerte oposición de los gobernadores que la consideran como una reacción excesiva.
“Si una ciudad o estado se niega a tomar las medidas que son necesarias para defender la vida y propiedad de sus residentes, entonces desplegaré al ejército de Estados Unidos para solucionar rápidamente el problema”, dijo Trump durante un discurso en la Casa Blanca mientras diversas ciudades del país experimentaban destrucción de propiedad, saqueos y violentos enfrentamientos policiales a una semana de la muerte de George Floyd en Minneapolis.
Expertos legales señalaron que, en efecto, el presidente tiene la autoridad bajo la Ley de Insurrección de 1807 de emplazar al ejército a estados que no son capaces de controlar una insurrección o que desafían la ley federal.
En el último medio siglo, algunos presidentes han enviado a las fuerzas armadas a los estados del sur para asegurar la desegregación de escuelas y proteger los derechos civiles durante las décadas de 1950 y 1960, y a Los Ángeles después de que el gobernador de California pidió apoyo federal durante los disturbios de 1992.
Aun así, los comentarios del presidente causaron un conflicto inmediato con funcionarios en algunos estados que negaron que el presidente tuviera autoridad unilateral para enviar a tropas contra su voluntad.
“El presidente de Estados Unidos no es un dictador y el presidente Trump no domina, ni dominará, al estado de Nueva York”, dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado el lunes, y agregó que el estado estaba dispuesto a ir a juicio de ser necesario.
Michèle Flournoy, exfuncionaria del Pentágono, dijo el martes que Trump debería evitar usar a las fuerzas militares en servicio, excepto como último recurso.
“La mayoría de los presidentes, presidentes previos, han comprendido la extrema sensibilidad de utilizar al ejército de Estados Unidos contra ciudadanos estadounidenses o al confrontar a ciudadanos estadounidenses”, dijo Flournoy en un foro en línea organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.
En cuanto a la posibilidad de que Trump invoque la Ley de Insurrección, agregó: “Sí tiene la autoridad. Está ahí por una razón. Pero si maneja esto bien, y si los gobernadores y alcaldes manejan esto bien y utilizan todos los recursos a su disposición, incluida la Guardia Nacional…, no será necesario”.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) dijo que sería innecesario invocar la Ley de Insurrección, así como irresponsable y peligroso.
“Ningún gobernador racional pedirá una respuesta más militarizada a protestas civiles contra la brutalidad policial y el racismo sistemático, por un buen motivo”, dijo Hina Shamsi, directora del proyecto de Seguridad Nacional de ACLU.
De acuerdo con la ley, Trump tendría que proclamar primero que los insurgentes se dispersen y retiren pacíficamente en un periodo específico. Podría activar tropas federales durante una emergencia sin que fueran requeridas por un gobernador, siempre y cuando se cumplan ciertos criterios, como si la violencia interfiere con la ejecución de las leyes en ese estado.
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