Unas cien empresas de maletín, fueron usadas para ocultar los frutos de la corrupción chavista en el manejo de PDVSA en los tiempos en que Rafael Ramírez era presidente de la estatal petrolera y ministro de Petróleo de Hugo Chávez. Una mafia de exministros colaboró para expoliar el equivalente a 2.000 millones de euros de la otrora rentable corporación.
Por Primer Informe
La cabeza de esa extensa trama de corrupción era Diego Salazar, quien controlaba a esas 100 compañías fantasma. También blanqueaba capitales en la banca europea de acuerdo con una investigación publicada en el diario El País.
Entre 2004 y 2016 Salazar y Ramírez construyeron la red de empresas fantasma. La manera en que se construyó ese conglomerado demuestra la tranquilidad e impunidad con la que operaba Salazar en Venezuela. Esta es apenas una parte de todo el turbio manejo de fondos que se han hecho durante la revolución chavista.
De las 100 empresas ficticias la mayoría de firmas compartían domicilio fiscal, 39 de ellas se encontraban radicadas en un edificio propiedad de Salazar al este de Caracas. Otra llamada Inversiones CS, cuyo accionista era un primo de Salazar, tenía11 locales comerciales a su nombre.
Ahora mismo, los fiscalía chavista en Venezuela ha acusado a Salazar y su primo José Enrique Luondo por los delitos de corrupción, tráfico de influencias, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Cuando intentaron hacer alguna investigación no fe difícil encontrar pruebas de los manejos ilegales de dinero público por parte de Salazar. Fácilmente pudieron precisar decenas de domicilios que las supuestas compañías ocupaban, eran locales vacíos. Como dos presuntas firmas controladas por Salazar en la torre JWM El Rosal de Caracas.
Junto a Salazar y Luondo, las sociedades instrumentales tenían en sus órganos denominado clan Salazar, Rosycela Díaz Gil y Luis Mariano Rodríguez Cabello.
La conexión europea
Salazar había creado una trama de cobro de comisiones a empresas entre 2007 y 2012. Su red se valía para hacer caja de la relación con su primo Rafael Ramírez, que dirigió 12 años PDVSA. Durante este período, la petrolera estatal pagó 4,5 millones de euros por informes inexistentes a Alejo Morodo, hijo del exembajador de España en Caracas, Raúl Morodo.
La organización de Salazar blanqueó en Andorra 1.347 millones de euros entre 2011 y 2012. El dinero procedía de presuntas comisiones abonadas por compañías, principalmente chinas, a cambio de adjudicaciones del Estado de Venezuela. La red pagaba millonarias comisiones a los directivos de PDVSA y sus filiales con capacidad para otorgar contratos.
El viceministro de Energía de Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos, también está involucrado en el esquema de corrupción pues abonó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) 5,2 millones a José Luis Parada, exdirector de Producción de PDVSA.
Villalobos ordenó el pago a través de una de sus sociedades panameñas, Tristaina Trading, en virtud de un “acuerdo verbal” en enero de 2010. Villalobos fue procesado en Andorra en 2018 junto a otras 27 personas por el saqueo de la petrolera.
A través de otra sociedad panameña, Josland Investments, Villalobos transfirió 440.000 euros a Alonso Javier Rodríguez, ex responsable de Proyectos de Corpolec, filial eléctrica de PDVSA. Rodríguez justificó ante la BPA sus ingresos como honorarios por unos supuestos servicios de asesoría. Ese argumento ha sido usado comúnmente, pero sin éxito, para burlar los controles de prevención de blanqueo del banco.
Todo el dinero movido a través del BPA correspondía a la trama de cobro de comisiones para la adjudicación de contratos. Así, 3,5 millones fueron a parar en febrero de 2012 a cuentas de Carmelo Urdaneta, ex abogado del Ministerio de Petróleo durante la era Chávez.
Otros involucrados
Otras operaciones sospechosas tienen como protagonista a Mariela Matheus Baptista, ex supervisora de pagos de PDVSA que cobró 250.000 dólares en marzo de 2011 como supuesta devolución de un préstamo que le concedió a una de las sociedades de la trama, High Advisory Consulting.. Matheus Baptista fue arrestada en España el pasado julio por su presunta conexión con la trama que saqueó la petrolera.
Por otra parte, la juez instructora del caso en Andorra ha ordenado rastrear el patrimonio en en ese país del ex directivo de la Corporación Eléctrica Nacional Carlos Enrique Luongo. El exdirectivo manejó una cuenta en la BPA donde cobró 172.544 euros entre 2013 y 2014 también por supuestos servicios de asesoría.
El juzgado también quiere cuantificar el dinero robado en Andorra del que fuera primer secretario de la Embajada de Venezuela en Pekín Luis Enrique Tenorio.
Uso de secreto bancario
Salazar fue arrestado en diciembre de 2017 en la cocina de una de sus tres oficinas de la Torre Edicampo de Chacao. Los investigadores encontraron en la caja fuerte de su dormitorio un documento de 14 páginas de un juzgado de Andorra del 30 de noviembre de 2012. Otro de los papeles revelaba que Salazar dio poderes en 2015 a Carlos Enrique Luongo para comprar el 80% de la firma de ingeniería de San Sebastián de los ReyesRLG Asociados.
A golpe de transferencias invisibles, la red de Salazar movió su botín a través de un enjambre de 40 empresas en Andorra, país en el que hasta 2017 mantenía el secreto bancario.
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