Más de 200 organizaciones y entidades defensoras de derechos humanos de Brasil denunciaron este martes ante la ONU y la OEA la omisión del Gobierno de Jair Bolsonaro para atender la crisis del coronavirus en las cárceles, donde el número de contagios aumentó un 800 % a partir de mayo.
Según un estudio realizado por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) y los 27 gobiernos regionales del país suramericano, desde mayo y hasta comienzos de junio se habían registrado más de 2.200 casos confirmados en penitenciarias brasileñas.
Las 213 organizaciones y entidades que firman el documento denunciaron que las «inconmensurables» violaciones de derechos humanos en las cárceles, se intensifican «aún más en un contexto de pandemia» donde la ausencia de medidas para prevenir la propagación del virus «está culminando progresivamente en la muerte de personas privadas de libertad».
El texto, remitido a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano vinculado a la Organización de los Estados Americanos (OEA), también criticó la imprecisión de los datos suministrados por las penitenciarias y la mínima realización de pruebas de la COVID-19 a los presos.
Según el documento, la imprecisión y desactualización de los datos agrava la situación, no sólo de los presos, sino también de sus familias y de toda la colectividad afectada por la pandemia en las penitenciarias.
«La política penitenciaria brasileña se mueve en una dirección diametralmente opuesta a las determinaciones de la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales, ya que no ha liberado a personas que están en riesgo y tampoco ha tomado medidas necesarias para contener la propagación del virus», señala el texto.
El sistema penitenciario brasileño es considerado por algunas organizaciones internacionales como uno de los «peores» y «más inhumanos» del mundo, debido a los altos índices de hacinamiento y a las pésimas condiciones en la que se encuentran los internos.
Con más de 750.000 presos, Brasil es considerado el tercer país con más reclusos en el mundo, detrás sólo de Estados Unidos y China.
De acuerdo con la denuncia, casi la mitad de la población carcelaria está compuesta por personas que aún no han sido condenadas y que están arrestadas provisionalmente a la espera de un juicio.
Entre las organizaciones que firmaron el documento están reconocidas ONG como Justicia Global y Conectas.
