La crisis carcelaria en Lara ha sido mortal. En un año y seis meses han muerto 50 privados de libertad por la violencia o diversas enfermedades, la mayoría producida por las condiciones de insalubridad de los calabozos de los penales Fénix y David Viloria, además de las comisarías policiales.
Euseglimar González | La Prensa de Lara
En lo que va de año 2020, han muerto 23 privados de libertad, 17 entre los penales Fénix y David Viloria, mejor conocido como «Uribana» y seis en calabozos policiales (dos Polilara, dos Cicpc y uno PNB), según los registros que a diario lleva LA PRENSA. El año pasado cerró con la cifra de 26 reos muertos, la mayoría por enfermedades, siendo la tuberculosis la más mortal.
Presos muertos por enfermedades, violencia desatada entre reclusos y fugas, debido al hacinamiento que existe en los calabozos, son los registros que desnudan la realidad que existen en las cárceles de la región larense, según lo denunciado por familiares y miembros de ONG en defensa de los Derechos Humanos.
Las principales causas de muerte de los reclusos son por enfermedades como tuberculosis, insuficiencia respiratoria y desnutrición, debido a la mala alimentación, poca atención médico o tardía, al momento de ser trasladados a un centro asistencial. A esto se le une la insalubridad y falta de planes preventivos dentro de los centros de reclusión para evitar focos de contaminación.
La muerte de Pedro Lender Marchán Suárez, de 32 años, recluso del Eje de Homicidios del Cicpc, desnudó lo que ocurre en los Centros de Detención Preventivos (CDP) y también en los penales. En un desgarrador relato la madre de Pedro contó como los derechos humanos fueron vulnerados, por no prestarle atención médica adecuada e inmediata.
Lédira Suárez, madre del recluso, llegó al Eje de Homicidios del Cicpc, para llevarle la comida a su hijo, pero allí le dijeron que estaba muerto y que lo buscara en la morgue. Los familiares detallaron que los últimos días de marzo el hombre comenzó a sentirse mal y presentó diarrea, pero no fue sino hasta el 3 de abril que lo llevaron a un médico y allí le dijeron que debían suministrarle unos medicamentos.
Lédira, en medio de su dolor, contó a LA PRENSA que ella pudo comprarle todos los medicamentos a su hijo, pero la salud del privado de libertad comenzó a deteriorarse debido a que presentaba fiebre constante. El 17 de mayo fue trasladado al Hospital Central Antonio María Pineda porque tenía dificultad para respirar y fue el domingo que le practicaron unos estudios para tener un diagnóstico certero de lo que sufría, pero no supieron qué tenía y murió.
Pero la muerte de Pedro no es la única evidencia de lo que han denunciado las ONG en defensa de los privados de libertad, desde hace más de un año, quienes señalan que el Estado venezolano evade responsabilidades por la vida de los presos. El caso de Vicente Aldana (59) mostró las condiciones deplorables en las que se encuentran los reos de la Comunidad Penitenciaria Fénix-Lara
El hombre de 59 años murió por presunta tuberculosis dentro del penal. Cuando el cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Central de Barquisimeto, se pudo observar su condición cadavérica, con algunas escaras en el coxis y glúteos.
Caen a plomo limpio tras fuga
Las fugas en calabozos policiales y penales han sido también causas de muertes. En lo que va de año se han registrado alrededor de tres fugas, dos de Centros Preventivos y una de Uribana. Tras las evasiones, nueve privados de libertad han muerto en manos de los cuerpos de seguridad.
El 1 de abril se fugaron 17 presos de la Subdelegación San Juan del Cicpc. Los reos cortaron los barrotes y huyeron por un ducto, donde está ubicado el extractor. Una vez en la calle, ocho de esos reos resultaron muertos en presuntos enfrentamientos contra los «petejotas»
Mientras que Antonio Rafael Rodulfo (37) se fugó de una sede policial de la PNB y ocho días después cayó muerto en presunto enfrentamiento contra funcionarios de las FAES.
Hambruna sigue latente
«La hambruna en las cárceles y Centros de Detención Preventivos (CDP) no es algo nuevo, desde hace años la ONG Una Ventana a la Libertad, ha denunciado esta situación infinidades de veces», comentó Carlos Nieto Palma, coordinador de esa organización.
Nieto explicó que los privados no consumen una dieta apropiada, por lo que se podría decir que la mayoría está mal nutrida. «En el caso de una población recluida que depende de que su familia le lleve los alimentos para poder ingerir la dieta necesaria la situación se complica, más aún cuando están enfermos», dijo.
La denuncia que hace Nieto es la misma que hacen los familiares de los privados de libertad, pues aseguran que no pueden trasladarse hasta los penales o calabozos policiales por la falta de dinero.
«Nuestros presos se nos enferman porque no están bien alimentados», dijo un familiar.
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