El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos. (Provea) publicó un informe sobre el impacto de la emergencia humanitaria en el medio ambiente.
De acuerdo con la ONG en 2019 se aceleró la caza, la extracción de especies vulnerables, la destrucción de los hábitats, la deforestación y la degradación de los bosques.
Asimismo, el acceso al agua potable entró en una fase de colapso general junto al deterioro de otros servicios básicos como la electricidad y el gas. La crisis en el sector eléctrico que tuvo su escenario más grave entre los meses de marzo y abril, afectó severamente el servicio de abastecimiento de agua potable dada la dependencia en los acueductos de las bombas y otros mecanismos eléctricos, sumando problemas a un ya deteriorado servicio público.
En el escenario urbano los principales indicadores claves como el suministro de agua potable, el manejo de los desechos sólidos, la calidad del aire, los parques, zonas verdes y espacios públicos en general, están en una situación de orfandad debido a la ausencia de una institución que ejerza la tutoría, como en un momento lo hacía el Ministerio del Ambiente, o la Alcaldía Metropolitana en el caso de Caracas.
A ello se le agrega la política de opacidad estatal. Ya no se publica la Memoria y Cuenta, y para el régimen de Maduro pareciera que, como no existe la información oficial, no hay problemas ambientales.
En 2019 hubo poco desempeño en materia legal vinculada a lo ambiental. Lo más relevante fue la Resolución N° 1472 del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec), publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 448.290 del 16.10.2019 mediante la cual creo con carácter permanente la Comisión Estratégica Ambiental Nacional, la cual “[…] tendrá por objeto establecer estrategias de gestión ambiental, que permitan la realización del proceso de evaluación ambiental de actividades susceptibles de degradar el ambiente, asociadas a proyectos estratégicos considerados de interés nacional, bajo la rectoría y coordinación de la Autoridad Nacional Ambiental, en el marco de los principios de celeridad, eficiencia, eficacia, transparencia y cooperación intra e intergubernamental”. En su artículo 3 la Resolución define las funciones de la Comisión Estratégica Ambiental Nacional que en esencia es “Formular y aprobar lineamientos y políticas de gestión ambiental, aplicables en los procedimientos de control previo y control posterior relacionados con los proyectos estratégicos considerados de interés nacional, que garanticen la celeridad y simplificación del proceso administrativo, ajustado a la normativa ambiental”.
Con esta resolución se crea un mecanismo especial dentro del ministerio responsable de la materia ambiental con el fin de atender los “proyectos estratégicos considerados de interés nacional” que, inferimos, incluye todos aquellos vinculados al Arco Minero del Orinoco.
Ante la ausencia de información oficial, resulta complejo saber con certeza, lo que ha ocurrido en Venezuela en materia forestal. En 2019, al igual que ha venido ocurriendo desde hace al menos un quinquenio, no se publicó data oficial sobre deforestación.
No obstante, agrupaciones defensoras de los derechos de los pueblos indígenas y a un ambiente sano, estiman que la perdida de la Amazonia venezolana -donde se ubica la mayor parte de los bosques del país-, se ha incrementado durante los últimos 18 años.
Organizaciones no gubernamentales como Wataniba y Provita -pertenecientes a la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAIG)-, y la iniciativa S.O.S Orinoco, están trabajando en el procesamiento de imágenes satelitales para producir mapas digitales, que reflejen la situación de la cobertura vegetal en territorio venezolano. Entre los productos aportados hay mapas interactivos y vídeos con imágenes de alta resolución en el que se examinan actividades como actividad minera e incendios.
De acuerdo a un informe elaborado por la organización Provita, entre el 2010 y 2015 fueron deforestadas 2.822.000 hectáreas en Venezuela. Esto quiere decir que en 5 años se eliminó la cobertura boscosa de una superficie casi del tamaño del Parque Nacional Canaima.
Por su parte la plataforma Global Forest Watch (GFW) informó que para el período enero-agosto de 2019 -que abarca la estación seca venezolana y un poco más-, el número de alertas de incendios acumuladas fue de 4.414. De acuerdo a estos datos y en opinión de la ONG Wataniba, 2019 fue el quinto año con más incendios en la ventana temporal de 2001-2019. El más alto fue el 2010 con 4.479 alertas.
La incidencia de los fuegos entre los estados de la Amazonia venezolana varía. El estado Bolívar acumuló en promedio 72% de todas las alertas en el período 2001-2019, salvo en el año 2016 que sumó 40% del total. Le sigue el estado Amazonas, que en promedio acumula 18% y Delta Amacuro con un promedio de 10%. El año con más incendios para el estado Amazonas fue 2018, para Bolívar el 2003 y para Delta Amacuro 2010. El estado Bolívar además destaca por el número de alertas de incendios a nivel nacional, al ocupar el tercer lugar de incidencia (27 agosto 2018 – 28 agosto 2019). Para el período 2001-2018, el estado Amazonas mantuvo una tendencia sostenida al aumento de focos de calor, posiblemente relacionados con un comportamiento similar en lo que respecta a la deforestación.
Aparte de los incendios y la deforestación, el otro factor que se disparó en el año 2019 fue el saque de madera para obtener leña. Dicha situación viene en aumento desde hace pocos años debido a la escasez de gas doméstico, afectando en primera instancia las zonas verdes y remanentes de vegetación natural dentro de las poligonales urbanas en el país.
Una vez agotados los árboles y arbustos de las franjas verdes urbanas, viene la fase del entresaque de estos en los bosques de las afueras de los centros poblados, impactando en las cuencas hidrográficas, muchas de ellas vitales para la población ya que aportan agua para los embalses o acueductos. Además en busca de leña se intervienen zonas protegidas u otras Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), inclusive Parques Nacionales. El subsiguiente problema que se genera al seguir faltando las bombonas de gas para el uso doméstico es que se convierte en un negocio la venta de leña, lo cual implica una intervención en los bosques de manera continua y a menudo intensiva.
Según un trabajo internacional de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg), en la que participan las organizaciones venezolanas Provita y Wataniba, Venezuela es el país de la Amazonia con más puntos de minería ilegal. Específicamente se contabilizaron en imágenes satelitales 1.899 puntos correspondientes a minas no autorizadas presumiblemente de oro, diamantes, coltán y otros minerales. En el texto de Raisg se señala que “se ha acelerado el proceso de daños como consecuencia de la minería a una velocidad que nunca habíamos tenido antes. Venezuela es el país de la región amazónica con mayor velocidad en el incremento de la deforestación”. De alguna manera vinculado a la política del Arco Minero, más allá que las causas de la deforestación en los bosques al sur del Orinoco tienen en lista a las prácticas agropecuarias, los incendios (por lo general atados a los primeros), la explotación de madera comercial, la construcción de carreteras, la extracción de minerales y otros cambios de usos.
Diversas organizaciones indígenas, ambientalistas y de derechos humanos, además de sectores académicos y periodistas, están atentos a posibles actividades mineras en regiones circunvecinas a la zona delimitada en el Decreto N° 2.248, como la cuenca media y alta del río Caura –protegido legalmente por la figura de parque nacional desde el 2017- y el estado Amazonas. En el caso del Parque Nacional Canaima ya es un hecho la intervención extractivista, específicamente de oro y en menor medida coltán (columbita y tantalita). En dicha área protegida, Patrimonio Mundial de la Humanidad, se han identificado 15 sitios de operación minera con una superficie aproximada de 732 ha de afectación directa por la minería adentro del Parque, más 18 sitios de extracción aurífera que están en las adyacencias, de acuerdo con estudios realizados por SOS Orinoco basándose en la evaluación de imágenes satelitales de los años 2018 y 2019. Situación que está generando un grave impacto ambiental y socio cultural en toda esta zona de la cuenca alta del Caroní, incluyendo contaminación mercurial.
En el caso del Caura y Amazonas existen algunos estudios de la década del noventa con inventarios de recursos minerales realizados por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG)-Tecmin, en asociación con otras instituciones especializadas, en los que se señala que en los estados Bolívar y Amazonas hay yacimientos de oro, cobre, diamante, hierro, bauxita, tungsteno, estaño, titanio, barita, molibdeno, tierra rara, tantalio, niobio (o columbio), torio, uranio, entre otros. Estos últimos cuatro están localizados principalmente entre el Municipio Cedeño del estado Bolívar y la entidad amazonense y ya se sabe de actividades de extracción de Coltán bajo control de la guerrilla colombiana que se dan allá en un medio lleno de opacidad y de miedo a informar. En ese contexto es que el Estado ha establecido vínculos en el estado Bolívar con sectores armados para controlar los espacios mineros y en sí obtener el oro de allí sacado.
La emergencia humanitaria está afectando el patrimonio natural de Venezuela. En 2019 se aceleró el encadenamiento de caza y extracción de especies vulnerables, destrucción de hábitats, deforestación, contaminación, degradación y fragmentación de bosques. https://t.co/WL32GO97Kh pic.twitter.com/hTeIc3IxVt
— PROVEA (@_Provea) June 25, 2020
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