Mascarillas, antibacterial, jabones o cualquier otro artículo fundamental para cuidar las medidas de higiene no son más que un sueño lejano para González y las cuatro personas con las que comparte una celda.
La salud del secretario general del Sindicato de Trabajadores de CVG Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, está en riesgo en la cárcel La Pica, donde cumple una condena de casi seis años pese a no haber cometido ningún delito.
La hija del dirigente sindical, Yarudí González, denunció que la cárcel, donde ni siquiera hay agua potable, carece de las condiciones para mantener la salud de su padre, quien padece ataques hipertensivos y episodios de insuficiencia renal, además de estar expuesto a la covid-19.
“La situación que más nos preocupa es que en el centro penitenciario no hay ni agua potable. Cuando nosotros podíamos visitarlo, le llevábamos el agua que él iba a consumir, pero desde marzo, no hemos ido. Entonces lo que hacen es hervir el agua y colarla varias veces”, aseguró durante una rueda de prensa.
Mascarillas, antibacterial, jabones o cualquier otro artículo fundamental para cuidar las medidas de higiene no son más que un sueño lejano para González y las cuatro personas con las que comparte una celda en la cual, lógicamente, tampoco se aplican medidas de distanciamiento.
Durante la cuarentena ya González ha padecido situaciones en las que su salud se ha visto afectada. En abril, su familia recibió una llamada de un funcionario de La Pica, quien les advirtió que el sindicalista padecía un cuadro de crisis hipertensiva e insuficiencia renal que no tenían manera de tratar.
«El funcionario nos dijo que estaba bastante preocupado por la salud de mi papá, que no sabían qué hacer ni qué darle, porque el centro no cuenta con medicamentos», relató la hija del preso político.
En esta llamada, el funcionario solicitó ayuda a la familia para trasladar a González y a los pocos días, se volvió a comunicar con ellos para indicarles que el sindicalista se encontraba estable, aunque no del todo recuperado.
Yarudí González insiste en que su padre no cometió ningún delito, pues al momento de ser detenido regresaba de una marcha de trabajadores en Caracas, que simplemente exigían respeto a las convenciones colectivas, aumentos salariales, reincorporación de despedidos y libertad de los trabajadores presos.
El tribunal militar que lo juzgó sin él ser militar, le imputaron por el delito de «ataque al centinela» y «ultraje a la Fuerza Armada»; estipulados en los artículos 501, 502 y 505 del Código Orgánico de Justicia Militar.
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