Un alarmante incremento en la violencia en la frontera venezolana denunció el presidente de FundaRedes, Javier Tarazona, quien señaló que a pesar de las restricciones a la movilidad en medio de la cuarentena, han ocurrido más homicidios, desapariciones y enfrentamientos armados durante los meses de abril, mayo y junio de 2020 en comparación con las cifras del 2019.
Maryerlin Villanueva | La Prensa de Táchira.
Detalló que la violencia en los estados Táchira, Zulia, Falcón, Bolívar, Apure y Amazonas da cuenta de un total de 435 homicidios en esas seis regiones del país, que representa un aumento de 28,5 % frente al mismo período del año 2019, además, de 44 personas desaparecidas para 83 % de incremento, y 170 enfrentamientos armados que representan 22 % más que en el mismo lapso de 2019.
Tarazona consignó un documento dirigido a Tareck William Saab, Fiscal General de la República, con el registro de víctimas de la violencia correspondiente al segundo trimestre del 2020, documentación desarrollada sobre la criminalidad que se ha dado en un contexto opresivo, con un decreto que impide la movilidad ciudadana en todos los estados del país, y con mayores controles militares y policiales en la frontera.
En el documento consignado, le exigen al MP que asuma el rol que le corresponde ya que «vemos cómo la actuación de grupos armados irregulares, bandas criminales e incluso la participación de funcionarios de cuerpos de seguridad en delitos, aumentó en momentos en que supuestamente hay mayor control, pero la realidad es que los ciudadanos están cada vez más indefensos frente a la violencia que se ha convertido en cotidianidad».
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Expresaron el rechazo a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas -CICPC- las Fuerzas de Acciones Especiales -FAES- y de otros cuerpos policiales y fuerzas armadas venezolanas.
Tarazona precisó que en las últimas horas ocurrieron más de cinco homicidios en la zona de frontera colombo – venezolana, donde hay amplia actividad delictiva de grupos como el ELN, las FARC, además de organizaciones paramilitares.
Reiteró que el Estado venezolano tiene la responsabilidad de velar por la soberanía, por el derecho a la vida, y además es deber del Ministerio Público adelantar investigaciones y presentar actos conclusivos de esta perversidad que ocurre en territorio nacional.
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