La vicepresidenta de la Comisión Permanente de Culto y Régimen Penitenciario de la AN alertó que el Estado no le garantiza a los privados de libertad acceso a alimentación y atención médica oportuna.
Kevin Arteaga González | El Carabobeño
Para la diputada de la Asamblea Nacional (AN) por Carabobo, Deyalitza Aray, estar preso en Venezuela es prácticamente una sentencia de muerte. “Es como si existiera la pena capital en nuestra legislación, cosa que no existe. La población privada de libertad en este momento afronta uno de los momentos más críticos”, dijo.
La también vicepresidenta de la Comisión Permanente de Culto y Régimen Penitenciario de la AN denunció que en el país existe una flagrante violación a los derechos humanos de los privados de libertad que en los últimos 20 años solo se ha incrementado, dejando a la población carcelaria en condición de extrema vulnerabilidad.
“Estamos hablando de una capacidad física desbordada, con más de 300% de hacinamiento en todas las cárceles del país, además de los sitios de detención preventiva como los comandos policiales y otros centros donde las personas son recluidas”, detalló la parlamentaria al calificar la situación como degradante.
A su juicio, el Estado venezolano mantiene a los presos bajo un proceso de exterminio, ya que no les garantiza el acceso a alimentación y atención médica oportuna. “Vemos cómo están presentando condiciones de desnutrición crónica que los hace padecer de enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis, neumonía y escabiosis”.
Fue enfática al resaltar que no les corresponde a los familiares de los detenidos responsabilizarse por garantizar la comida y los alimentos en las cárceles, sino al Estado. “Nos preguntamos, ¿qué pasa con el presupuesto del ministerio, acaso no se asignan recursos precisamente para que esa sea una responsabilidad del Estado?”.
Hizo referencia a los 15 reclusos que fallecieron en Carabobo en menos de dos meses por desnutrición y tuberculosis, según denuncias de los familiares y el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Sobre este caso, adelantó, la Comisión Permanente de Culto y Régimen Penitenciario y la de Política Interior preparan un informe detallado que será presentado en la plenaria del Parlamento, así como también ante organismos internacionales competentes.
“Es inaceptable que se violen los derechos de esa manera a una población que ya está pagando una condena. Y más aún Venezuela, donde el debido proceso no se cumple y el retraso procesal hace interminable el cumplimiento de las sentencias”, argumentó. Según sus declaraciones, el Estado continúa ignorando las recomendaciones realizadas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Excarcelaciones ilegales
La diputada carabobeña advirtió sobre las excarcelaciones ejecutadas recientemente por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios bajo la figura de régimen tutelado de confianza, en el marco de la pandemia por COVID-19, un hecho que consideró como preocupante porque no se está ejecutando la medida con apego a las leyes.
De acuerdo a lo que dice la jurisdicción venezolana, explicó, la figura de régimen tutelado de confianza es para autorizar traslados desde las cárceles hacia centros de trabajo y es una medida que debe tener el aval de un juez. “Pero la actual ministra lo aplica para soltar a aquellos reclusos que ella considera y los manda a sus casas sin dar la libertad verdadera, porque siguen con sus causas abiertas. Eso es totalmente ilegal”.
Muertes en Carabobo
La situación de los presos en Carabobo es cada vez más alarmante. Desde el 19 de mayo hasta este lunes 13 de julio han fallecido por desnutrición y tuberculosis al menos 15 privados de libertad, alertó Carolina Girón, directora de OVP.
Del total de fallecidos, 14 pertenecían al Internado Judicial de Carabobo, conocido también como penal de Tocuyito, y uno que estaba recluido en la sede de la Policía de Carabobo en Puerto Cabello, conocida como La Zulia. Este último fue trasladado recientemente a la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET), en Valencia, donde falleció.
Girón afirmó que, según denuncias hechas por los familiares, los detenidos que se encuentran delicados de salud no son trasladados a los hospitales de forma oportuna, pero cuando lo hacen, “los dejan en los pasillos tirados en el piso hasta que mueren”.
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