«Se levanta la lucha de los pueblos amazónicos, atacados en sus territorios, memorias y culturas. Crece el grito ensordecedor de la selva, derribada, quemada, saqueada por el extractivismo violador, que solo obedece al poder y a la codicia», concluye la declaración de la primera Asamblea Mundial de la Amazonia, que se realizó el pasado fin de semana de forma virtual, con participantes de los nueve países panamazónicos: Perú, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Surinam y Colombia.
Más de 1.000 indígenas amazónicos han fallecido en los últimos cuatro meses, víctimas de la covid-19, y unos 20.000 se han contagiado, según los últimos datos de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM). «Nos une el dolor, nos une la emergencia, nos une la esperanza, la rebeldía (…) Estamos de luto por una pandemia que se ha llevado nuestros abuelos y abuelas, nuestras familias. El mundo también está de luto pero a pesar de eso no quiere despertar todavía», expuso Gregorio Mirabal, coordinador general de la COICA, en el discurso de apertura de la Asamblea.
Entre las demandas expuestas a los gobiernos amazónicos figura el cese de actividades extractivas que están actuando como vector de contagio de las poblaciones locales, auxilios públicos de alimentación e insumos sin tener que salir de los territorios, así como la garantía de personal de salud y de materiales médicos para tratar a las poblaciones de la Amazonia frente a la pandemia de coronavirus.
Todo ello con un énfasis especial en la necesidad de respeto por las diferencias étnicas y culturales, tanto en los tratamientos médicos como en la elaboración de las estadísticas, que incluyan también las cifras de pueblos indígenas que viven en las ciudades.
Del total de los 375 pueblos indígenas amazónicos reconocidos oficialmente, 172 de ellos ya presentan casos de contagio y muerte por la covid-19. Este 10 de julio, varios representantes de pueblos originarios de la Amazonia se reunieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciaron el abandono del Estado y solicitaron que intercedan para que los gobiernos garanticen el respeto a los derechos de estos pueblos, principalmente en este momento de urgencia sanitaria.
El grupo de trabajo sobre el coronavirus concluyó que la amenaza actual de la pandemia es el resultado de varios factores que confluyen, entre los que se destacaron la aglomeración en urbes más grandes y pobladas, la cría de animales muy concentrados en granjas industriales, los efectos del cambio climático, uso de transgénicos, cambios de alimentación y consumo, así como actividades destructivas del medio ambiente, como la deforestación y la minería.
«Hay una minga [grupos comunitarios de trabajo] de resistencia dentro de las comunidades del bosque, del campo y de las ciudades, que se organizan frente a la devastación y al hambre que continuarán después de esta pandemia. Porque el ecocidio, etnocidio y terricidio avanzan peor que el virus», añade la declaración final de la Asamblea.
La destrucción producida por la minería y la ganadería
Además de los impactos del coronavirus en la Amazonía, durante el encuentro mundial se abordaron otros dos ejes principales: el boicot a las actividades económicas predatorias y la movilización, tanto regional como internacional, para proteger a los ecosistemas y a los habitantes de esta región. La cuenca del río Amazonas alberga 3.344 Tierras Indígenas (TI) delimitadas y homologadas, así como 522 áreas naturales protegidas (ANP).
Según los estudios de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) presentados en la Asamblea, la minería ocupa ilegalmente 36 millones de hectáreas de territorios indígenas demarcados y 22 millones de hectáreas de ANP en la Panamazonia.
Asimismo, identificaron concesiones de extracción de gas y petróleo sobre 21 millones de hectáreas de tierras indígenas y en 6 millones de hectáreas de ANP.
La ganadería es la principal responsable de la tala de la Amazonía: 4,8 millones de hectáreas de tierras indígenas y 5,5 millones de hectáreas de ANP están deforestadas, como resultado de actividades criminales para colocar pasto y ganado para la venta de carne.
«Queremos un diálogo mundial con los que toman decisiones, que se consulte este modelo de desarrollo que prefiere desangrar la Amazonía y a sus pueblos. No queremos que nuestra riqueza natural y cultural solo sirva para llevar petróleo, oro y beneficios a los supuestos países desarrollados», expuso Mirabal en su discurso. Y añadió: «Nos dejan el mercurio, enfermedades, río contaminado, selva devastada. Necesitamos hablar con los gobiernos de Estados Unidos, Europa, China y Rusia, y también con nuestros propios gobiernos, y evitar la destrucción y la falta de diálogo».
La Asamblea acordó la necesidad de exigirle a los gobiernos de los nueves países panamazónicos la moratoria inmediata de las actividades extractivas, ya que muchas de ellas, sobre todo las ilegales, están aprovechando la preocupación por la pandemia para cometer crímenes medioambientales. Entre ellas destacan la búsqueda de oro y otros minerales, así como la extracción de madera, invasión de tierras indígenas y apropiación de predios públicos para invertir en ganadería.
Por ello, los panelistas propusieron un boicot a los grandes grupos económicos que invierten en actividades predatorias de la Amazonia. Entre los principales financiadores de las empresas que llevan a cabo estas actividades destacan: HSBC, Goldman Sachs, Black Rock, Citi o JP Morgan. «El extractivismo es una desaforada tendencia de este sistema económico por convertir en capital todos los bienes de la naturaleza, donde ponen los ojos las empresas mineras no ven vida, no ven río, no ven naturaleza, no ven comunidades, ven solamente dinero», expuso Pedro Sánchez, representante de la Red Iglesias y Minería, una campaña que pretende denunciar la violación de derechos humanos y ambientales resultante de la búsqueda de minerales en la Amazonía.
«Una gran parte del territorio amazónico está concesionada a la minería, a la destrucción, a la muerte para el enriquecimiento de muy pocos. La minería no trae progreso, no trae desarrollo. No existe un solo lugar en América Latina que pueda ser mostrado al mundo y decir ‘fíjense como la minería trajo el desarrollo, cómo vive la gente feliz’. Tenemos una historia en la que la minería ha sido impuesta a sangre y fuego», explica Sánchez que participa en una campaña de incentivo a la desinversión en minería.
«¡Ni una gota más de sangre y dolor en los productos de consumo en las ciudades del mundo!», añade la Declaración de esta primera Asamblea Mundial por la Amazonía.
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