Desde que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del règimen de Maduro designó a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (TSJ) y se convocó a las elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre de este año, se están haciendo inversiones para llevar a término esos comicios, tal situación que critican expertos electorales, políticos y médicos quienes coinciden que esos recursos se deberían destinar a la red de salud pública para atender la pandemia del COVID 19, que en este momento se encuentra en su fase exponencial, contabilizándose más de 12 mil contagios en el país.
Ana Uzcátegui | La Prensa de Lara
Según informó Francisco Castro, director de la asociación civil Súmate, en las Elecciones Parlamentarias 2015 el Estado invirtió una cantidad superior a los 1.277 millones de dólares para cubrir los gastos de todo el proceso. En ese momento se utilizó una tasa de cambio regulado, de 6,30 bolívares por dólar, así lo reflejan los datos de la Memoria y Cuenta del CNE de ese año.
René Rivas, presidente del Colegio de Médicos de Lara, asegura que con ese monto de hace 5 años, en la actualidad se pudieran cubrir los gastos operativos de todo un año de, al menos, 18 hospitales del país con tamaño similar al del Hospital Central, o se pudieran comprar 51 mil respiradores mecánicos para unidades de cuidados intensivos, uno de los equipos esenciales para tratar casos graves de COVID 19.
«No hay las condiciones para hacer unas elecciones cuando el país registra ya un colapso en clínicas y hospitales para atender los contagios, pero en vez de priorizar esos recursos para la salud se están pensando en unas elecciones que violan lo establecido en la Constitución y que están muy alejadas de generar confianza en la población», soltó Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica de Venezuela.
Castro, de Súmate, puntualizó que estas parlamentarias tendrán un costo estimado superior al de 2015, porque ahora el Poder Electoral tiene que comprar las máquinas de votación, boletas electrónicas, inversores de corriente, membranas de boletas listas o captahuellas que se quemaron en el incendio ocurrido en los depósitos de Filas de Mariche en Distrito Capital el pasado 8 de marzo.
«El proceso está plagado de irregularidades comenzando porque faltan menos de cuatro meses y medio para que se den estos comicios y no hay información precisa sobre las licitaciones para la compra de máquinas; no se sabe qué maquinas se van a comprar, qué características tienen, cuánto cuestan, dónde se van a comprar, qué marca son. No hay información sobre qué presupuesto ha solicitado el CNE para financiar todo el proceso electoral. Tampoco hay información del software que se va a utilizar. Se dañaron también los captahuellas, no se sabe si se van a reemplazar», explicó Castro.
Acotó que el cronograma electoral que empezó a correr el 13 de julio con la Jornada Extraordinaria de Actualización e Inscripción del Registro Electoral (RE), plantea 15 auditorías sin saber qué software se utilizará en las elecciones. «Son unos comicios a la carrera y que están muy alejados de ser transparentes. Una de las garantías fundamentales que debe tener un árbitro electoral es que antes de que las personas se inscriban en el proceso, debe tener claro cuáles serán los mecanismos para contar los votos. Es como si se jugara una partida de «Scrabble» y al momento de arrancar el juego no se tuvieran las fichas, las mesas ni las reglas del juego», explicó.
Súmate enumeró las irregularidades que tienen las elecciones del 6 de diciembre tal como están planteadas y entre las primeras «acciones ilegales» que aseguran se han dado, está el hecho que los cinco rectores principales del CNE y los 10 suplentes fueron elegidos por el TSJ, a pesar de que estaba conformado un Comité de Procesos Electorales, integrado por diputados opositores, disidentes de oposición, el chavismo y representantes de la sociedad civil tal como lo establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE).
También cuestiona que el TSJ haya designado a dos magistradas como rectoras, (Indira Alfonzo, presidenta del CNE y Gladys Gutiérrez, actual miembro de la Comisión de Registro Civil y Electoral). Y le haya otorgado al Poder Electoral la posibilidad de asumir el «desarrollo normativo» de las elecciones, tras desaplicar 12 artículos de la LOPE, representando eso una usurpación de funciones del parlamento. A las denuncias se suman el hecho que tres partidos con mayor militancia opositora Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular están intervenidos judicialmente y sus colores y símbolos ahora estén en manos de dirigentes que respaldan la mesa de diálogo con el gobierno.
Rechazan a su vez el incremento de números de cargos a elegir que ahora serán 277 diputados, sumándose 110 escaños. «Este número adicional de diputados viola los lineamientos para la conformación de la AN establecido en el artículo 186 de la Constitución, según el cual el número total de escaños no debe exceder los 167, ya que estipula que una parte de la representación parlamentaria debe provenir de la base poblacional del 1,1 por ciento de la población».
«Aquí están cambiando el sistema de conteo de los votos, las máquinas y aún así el CNE no ha dado respuestas sobre qué pasó con la elección de los diputados de Bolívar en 2015, o sobre la revelación que hizo Smartmatic cuando indicaron que se manipularon los votos para la elección de la Asamblea Constituyente en 2016. Son temas que generan dudas y comprometen la transparencia», sentenció.
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