El Gobierno de Perú corrigió este miércoles su cifra de muertes por COVID-19 y sumó 3.688 fallecidos que no habían sido contabilizados en las cifras oficiales desde el inicio de la pandemia, lo que elevó a 17.455 el total de decesos en el país.
Así lo determinó un informe de una comisión especial del Ministerio de Salud encargada de revisar las defunciones registradas desde el inicio de la pandemia hasta el final del mes de junio pasado y cuyas conclusiones fueron presentadas por la ministra, Pilar Mazzetti, en el Palacio de Gobierno de Lima.
Mazzetti indicó, en rueda de prensa, que el mismo grupo de especialistas, al que se sumó un representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), seguirá trabajando sobre las cifras de julio para corregir cualquier subregistro en las defunciones.
La ministra aclaró que la cifra real de fallecidos no se conocerá hasta un año después del fin de la pandemia, pero han comenzado esa investigación para tener datos más transparentes y exactos.
INUSUAL EXCESO DE MUERTES
Perú, el sexto país del mundo y el segundo de Latinoamérica con más casos de COVID-19 al acumular 366.550 contagios, figura también entre los primeros a nivel global en exceso de muertes durante la pandemia.
Desde que en marzo se registró el primer caso de coronavirus hasta final de junio, Perú registra 71.328 muertes totales, un 92 % más que las cifras de decesos en el mismo periodo de los dos años anteriores, lo que supone un exceso de unos 37.000 fallecidos, según las cifras del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef).
Mazzetti también anunció que el Ministerio de Salud creará otra comisión especial para corregir las cifras de contagios ante la divergencia de números entre las cifras del Gobierno y las de los gobiernos regionales.
Aseguró que esto se debe a que hay «varias dificultades» para el registro de pruebas por parte del personal médico, «que no es constante y fluido», además de que no siempre las regiones introducen su información en el sistema del Ministerio de Salud.
DIVERGENCIA EN CONTAGIOS
A ello se añade que algunos gobiernos regionales han comprado sus propias pruebas rápidas de manera paralela a las adquiridas por el Gobierno nacional.
«No sabemos dónde las han comprado y no podemos garantizar la fiabilidad de esas pruebas rápidas», advirtió el presidente de Perú, Martín Vizcarra, en la misma conferencia.
Por ello, el mandatario aclaró que el Gobierno solo ofrece cifras de contagios confirmadas mediante las pruebas del Ministerio de Salud para evitar que haya «una distorsión» de datos que contenga un eventual gran número de falsos positivos.
A mediados de julio, mientras el Gobierno reportaba 330.000 casos acumulados y 12.000 muertes, la suma de las cifras de las 25 regiones del país arrojaba 410.000 infectados y 18.300 fallecidos.
CORONAVIRUS SE ACELERA
Este martes el número de contagios acumulados que reporta el Gobierno nacional llegó a 366.550 casos tras sumar en el último día 4.773 infectados, la cifra más alta del último mes, lo que confirma que la propagación del virus se está volviendo a acelerar tras el levantamiento de la cuarentena desde el 1 de julio.
De las 24.573 pruebas procesadas el martes, alrededor del 18 % salieron positivas, una tasa que se ha ido incrementando en los últimos días hasta acercarse al 20 %.
Esto también ha llevado a que se incremente el número de casos activos de coronavirus hasta volver a estar por encima de los 100.000 cuando dos semanas atrás llegaron a bordear los 97.000.
Ya tienen el alta epidemiológica 252.246 personas, casi el 70 % del total de contagiados, pero Vizcarra cortó cualquier tipo de confianza y triunfalismo.
«Si bien los avances para una vacuna son alentadores, la vacuna no la vamos a tener antes de fin de año. La única manera de protegernos en el corto es la responsabilidad de todos nosotros», remarcó.
GOBIERNO ASUME SALUD EN AREQUIPA
En la misma conferencia, el jefe de Estado anunció que el Gobierno asumirá las competencias de salud del gobierno regional de Arequipa, departamento que se ha vuelto en los últimos días el nuevo epicentro de la pandemia en Perú.
Vizcarra explicó que se tomó esta drástica decisión después de visitar el pasado domingo la llamada Ciudad Blanca, la segunda más grande del país, y descubrir el colapso y precariedad de los hospitales públicos de la región para afrontar la oleada de contagiados de COVID-19 que llegan diariamente a sus puertas.
El mandatario indicó que los propios médicos del Hospital Honorio Delgado le informaron que el gobierno regional no les hacía llegar los equipamientos y medicinas que el Ejecutivo envió a Arequipa para atender la emergencia.
«Nos encontramos con grandes deficiencias», confirmó Vizcarra.
Durante su visita, el presidente fue increpado por personal de salud y familiares de pacientes que le culparon de la situación, e incluso una mujer corrió entre lágrimas detrás del convoy de automóviles de la comitiva presidencial para pedir ayuda por su marido, que finalmente falleció al día siguiente.
Por su parte, Mazzetti confió en poder restituir la normalidad «en dos o tres semanas» en Arequipa para que después las competencias de salud regresen al gobierno regional, que encabeza el polémico político Elmer Cáceres.
De manera simultánea, Cáceres dio una conferencia de prensa, en la que exhortó al Congreso a aprobar como tratamiento para la COVID-19 el dióxido de cloro, un compuesto químico similar a la lejía desaconsejado para consumo humano por Perú y otros países como Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Argentina, Brasil, Colombia y Chile. EFE
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