Luis Motta Domínguez, el ex ministro de Electricidad del régimen de Nicolás Maduro que enfrenta cargos de lavado de dinero en Estados Unidos, presuntamente participó en un millonario esquema de corrupción donde la estatal Corpoelec pagaba hasta tres veces el valor de los equipos que compraba, algunos de los cuales ni siquiera podían ser usados en Venezuela.
La acusación, presentada en la Corte Federal de Miami, también alega que Motta Domínguez y el entonces viceministro de finanzas del ministerio, Eustiquio Lugo Gómez, cobraron sobornos a un grupo de empresarios radicados en Miami para otorgar los contratos valorados en unos $60 millones.
Los documentos judiciales a los que tuvo acceso el Nuevo Herald muestran que el caso llegó a manos de las autoridades luego que uno de los empresarios en Miami sintiera que fue traicionado por uno de los socios, que le apartó abruptamente del negocio.
La acusación es uno de los múltiples casos ventilados en tribunales de Estados Unidos que develan la extensión de la corrupción del sancionado régimen de Maduro.
Las autoridades estadounidenses describieron la corrupción en el ministerio de Electricidad como perniciosa para la sociedad venezolana en vista de las constantes interrupciones en el suministro eléctrico provocadas por el virtualmente inexistente mantenimiento de las instalaciones del país.
Maduro removió a Motta Domínguez del cargo a mediados del 2019 en medio de un masivo apagón que dejó al país por varias semanas sin electricidad. Las frecuentes interrupciones en el servicio siguen siendo recurrentes y expertos alegan que la crisis de energía continuará mientras el país no invierta miles de millones en reparar su infraestructura.
Según los documentos de la corte, el esquema de corrupción comenzó luego que el también acusado Jesús Ramón Veroes se reuniera en el 2016 con Motta Domínguez, quien accedió a otorgar los contratos de adquisición de equipos de Corpoelec al empresario venezolano, conjuntamente con el también venezolano Luis Alberto Chacín Haddad y otros dos conspiradores.
En la reunión, a los conspiradores se les instruyó reunirse con Lugo Gómez, quien a su vez les notificó que por cada contrato ellos debían pagarle a él y al ministro una participación de las ganancias.
Chacín Haddad y Veroes luego inflaron los precios de los contratos para incrementar sus ganancias y cubrir los sobornos dirigidos a Motta Domínguez y Lugo Goméz. Los empresarios en un inicio contemplaron que los sobornos a ser pagados a los dos funcionarios venezolanos de la primera operación ascenderían a unos $2 millones, resalta la acusación.
Veroes y Chacín Haddad, a través de varias empresas registradas en Estados Unidos, incluyendo al menos una en Florida, obtuvieron de esta manera jugosos contratos para importar equipos e insumos para la compañía eléctrica venezolana, incluyendo carretillas elevadoras (forklifts), cientos de transformadores, generadores y hasta $6 millones en bombillos eléctricos.
En una de las operaciones registradas en julio del 2016, Veroes y Chacín Haddad suministraron a través de una de sus compañías unas 40 carretillas elevadoras, por las que habían pagado solo $1.5 millones, facturándolas a Corpoelec posteriormente a un precio de $6.43 millones, “lo que representa una ganancia de más de 300%”, señala la acusación.
Los documentos judiciales también resaltan que en al menos una instancia los equipos suministrados a la empresa eléctrica no eran los apropiados.
Según el testimonio de un informante no identificado en el caso, que aparece solo como Testigo Confidencial 1, Veroes le confesó que habían enviado 500 transformadores que “no podían ser usados en Venezuela porque solo eran compatibles con los servicios eléctricos de Cuba y Nicaragua”.
“Veroes dijo que los transformadores enviados se encontraban almacenados en un patio, pero que pese a la incompatibilidad, Corpoelec había tramitado el contrato como entregado y procesado en su totalidad”, declaró el testigo según el documento de la corte.
El Testigo Confidencial 1 fue quien primero presentó el caso a las autoridades tras confesar que él había sido contactado inicialmente por Chacín Haddad para que les ayudara a conseguir los equipos que requería Corpoelec.
El testigo confidencial, cuya oficina estaba al lado de la de Chacín Hadad dentro de un edificio en Doral, dijo que en una de las operaciones en la que él estuvo presente Motta Domínguez tenía previsto recibir un pago de $2.5 millones, mientras que Chacín Haddad, Veroes y él tenían que recibir el 25% por cabeza de la ganancia restante.
Posteriormente, Chacín Haddad tuvo una discusión con el testigo confidencial y comenzó a apartarlo de las siguientes operaciones y a no responder sus llamadas, aún cuando se le debía dinero por su previa participación, señalan los documentos de la corte.
“Testigo Confidencial 1 nunca recibió su parte del dinero de los contratos de Corpoelec que habían sido acordados por Chacin y Veroes”, resalta la acusación.
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