Aunque este martes se vencía el plazo para que la defensa del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez presentara el recurso de reposición contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la detención domiciliara en su contra, los abogados de Uribe decidieron que no presentarán ese recurso judicial.
En un comunicado, la defensa de Uribe -investigado por la Corte Suprema de Justicia por presunto soborno a testigos y fraude procesal- asegura que «no tiene ningún sentido presentar un recurso de reposición que debe ser resuelto por la misma Sala», es decir, la Sala de Instrucción que resolvió su situación jurídica y que ordenó la casa por cárcel contra el expresidente.
«No hay que ser ingenuos, dicho recurso no constituye un remedio judicial efectivo a esta injusticia y, simplemente, facilitaría su legitimación», asegura la defensa.
En el comunicado los abogados de Uribe aseguran que, una vez estudiadas las 1.554 páginas de la decisión de la Sala de Instrucción contra Uribe, ,»no existe ningún fundamento legal para ordenar la detención del expresidente».
No hay que ser ingenuos, dicho recurso no constituye un remedio judicial efectivo a esta injusticia y, simplemente, facilitaría su legitimación
Según la defensa, la decisión de la Corte a la que califican como «infundada y sin precedentes en la justicia del país», demuestra cómo a Uribe supuestamente se le han vulnerado seis principios y derechos jurídicos. Esos seis puntos, asegura la defensa, podrán ser verificados por los colombianos «una vez el expediente se haga público y se levante la reserva sumarial».
El primero, asegura la defensa, es el de presunción de inocencia pues la privación de su libertad, para los abogados, «es un hecho injusto e innecesario» ya que en los dos años y medio que tiene el proceso Uribe ha asistido a todos los llamados que le ha hecho la justicia. «Ha evidenciado su voluntad de colaborar en la investigación adelantada y de ninguna manera ha entorpecido dicho proceso».
La defensa sostiene que a Uribe se le negó la posibilidad de asumir su proceso en libertad a pesar de que no ha sido acusado ni condenado. «Dictar esta medida más de dos años después de iniciado el proceso, no tiene nada de preventivo, suena más a vengativo», aseguran los abogados de Uribe.
En segundo lugar, la defensa asegura que a Uribe se le está vulnerando el derecho a una investigación integral y objetiva porque en más de 22.000 interceptaciones «no existe registro de audio del expresidente hablando con testigos, tampoco pidiendo que se cambien testimonios o dando la instrucción de ofrecer beneficios a testigos para que lo hagan». Por eso, concluye la defensa, la Sala de Instrucción ordenó su detención basada en «inferencias, no en pruebas directas».
La defensa también asegura que el 23 de febrero del 2018, un día después de la denuncia de Iván Cepeda, la Corte abrió una investigación y asegura que a Uribe se le negó que existía un proceso en su contra en ese momento. También critican que Uribe nunca fue escuchado en versión libre.
En tercer lugar, la defensa asegura que se le negó la posibilidad de exlcuir una prueba que consideran ilícita e ilegal. Afirman que el entonces magistrado José Luis Barceló, en primer lugar, investigó a Uribe pese a que ya no tenía competencia para ello pues el caso debió pasar a la Sala de Instrucción, que entró en operación en el 2018 con la ley de doble instancia. Además, asegura la defensa, «en un grave hecho para el país el expresidente fue chuzado por error» pues se agregaron al expediente interceptaciones que se obtuvieron ilegalmente en un proceso contra Nilton Córdoba, «asegurando que éste había dado el celular de Álvaro Uribe, hecho que fue negado por el exrepresentante».
Para la defensa, con esta interceptación se violó un principio del derecho internacional según el cual «nadie se puede beneficiar de su propio ilícito».
Un cuarto punto que expone la defensa es que a Uribe supuestamente se le negó el derecho a interrogar a testigos de cargo, y cuestionan la «sorpresiva celeridad» con la que el entonces magistrado Barceló y sus auxiliares recolectaron pruebas y testimonios pero no practicaron «pruebas esenciales para la defensa de Álvaro Uribe», como escuchar a testigos que supuestamente habían dicho que recibieron ofrecimientos del senador Iván Cepeda.
Esos testigos, dice la defensa de Uribe, serían los exparamilitares «Mancuso, ‘el Tuso Sierra’, ‘Monoleche'». Además asegura que una investigadora de Estados Unidos, Lisa Ruth, que hizo parte de la CIA, tomó una declaración del ‘Tuso Sierra’ que la Corte no tuvo en cuenta porque «dijo que todo esto era un montaje, lo cual es totalmente falso».
La defensa cuestiona que se haya apartado del caso a la magistrada Cristina Lombana por haber sido oficial del Ejército, y a su vez se negara el impedimento que presentó el magistrado Héctor Alarcón, «quien en el proceso de las chuzadas a la Corte se declaró como víctima de Álvaro Uribe». De otro lado aseguran que no se le ha permitido a la defensa interrogar a personas claves como Juan Guillermo Monsalve, su esposa Deyanira Gómez y a Carlos Eduardo López ‘Caliche’.
En quinto lugar, los abogados de Uribe afirman que se vulneró la inviolabilidad de comunicaciones entre abogado-cliente por la «sistemática filtración que se ha dado udrante estos años de solo algunos apartes del proceso», situación que para la defensa ha generado «desinformación entre los medios y los colombianos». Además, asegura la defensa, la Sala de Instrucción avaló la escucha de las conversaciones entre el investigado (Uribe) y sus abogados, y las de un periodista con su fuente.
Finalmente, la defensa sostiene que se le violó a Uribe el derecho a la imparcialidad pues en la orden de detención en su contra se compulsaron copias contra varios testigos que en la indagatoria declararon a favor de la versión del expresidente. «Esto es una clara coacción a personas a quienes la Corte intimida de antemano, y no se establece el mismo procedimiento para testigos como Carlos Enrique Vélez, a pesar de su evidente falta de verdad frente a la justicia, o Iván Cepeda, que no ha dado claridad sobre la entrega completa de las conversaciones con Monsalve y si eliminó las mismas, lo cual configuraría una posible destrucción de evidencia», dice el comunicado.
Por esto, para los abogados la decisión «parece reflejar más un juicio a la personalidad de Álvaro Uribe que a sus actos», y afirman que en el caso se desconoció el derecho penal para «someterlo a una rencilla personal».
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