El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH – Ucab) presentó este miércoles, 19 de agosto, sus dos informes más recientes en los que se exponen las dificultades de los migrantes y refugiados venezolanos que retornan a su país natal en medio de la emergencia por el COVID-19.
Por Daniela Carrasco | El Pitazo
«El drama de los retornados: de la revictimización a la criminalización» y «El espejismo del retorno» son los informes que exponen las razones por las que muchos migrantes venezolanos se han visto en la necesidad de retornar a su tierra natal y qué tipo de situaciones se encuentran expuestos una vez que llegan en plena crisis sanitaria.
Criminalización
La presentación contó con la participación de Ligia Bolívar, investigadora del CDH y coordinadora de Alerta Venezuela, quien expuso que el retorno es un derecho humano que se encuentra reflejado en la constitución venezolana, por lo que el acto de criminalización hacia los retornados no posee ninguna base jurídica.
El primer informe señala que a pesar de que Nicolás Maduro ofreció recibir con los brazos abiertos a los migrantes venezolanos, estos se toparon con los llamados Puntos de Atención Social Integral (Pasi), en donde se toparon con las malas condiciones por las que tendrían que padecer los 15 días reglamentarios de aislamiento antes de continuar hacia sus respectivos estados.
A su vez, funcionarios del gobierno de Maduro los han señalado de ser «armas biológicas» enviadas por el gobierno de Colombia para contaminar a Venezuela con el virus del COVID-19.
«Un retornado puede regresar incluso por un paso no regulado porque él no tiene que registrarse y si vemos las normas migratorias de Venezuela, la ley establece sanciones para los extranjeros, no para los nacionales. El nacional no puede ser penalizado por regresar a su propio país», explicó Bolívar.
Según el fiscal general del gobierno de Maduro, Tarek William Saab, existen 23 personas detenidas por ingresar al país por pasos irregulares y estar relacionadas con el cobro por el paso por trochas.
«Dice que van a ser enviadas a El Dorado por ser ‘trocheros’, utilizando ese termino indistintamente para referirse a los que facilitan el paso a cambio de un cobro y a los que utilizan el paso para regresar a su país. No establece ningún tipo de diferencia en el uso de la palabra y vimos despectivamente cómo se utilizó el termino en relación a estas personas», expuso la investigadora.
El informe a su vez expone que en ningún momento se ha hecho referencia a los protocolos de bioseguridad para la detención y traslado de quienes están siendo detenidos, ni se ha presentado información sobre su estado de salud.
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