En la región de Xinjiang, ubicada al noroeste de China, el régimen de Xi Jinping alberga numerosos campos de concentración donde la minoría musulmana uigur es sometida a trabajos forzosos y es víctima de sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Estados Unidos, uno de los países que más ha condenado los abusos de Beijing sobre esa comunidad, anunció este lunes que prohibirá las importaciones de productos elaborados con el trabajo forzado de uigures.
Desde hace años asociaciones de derechos humanos denuncian la persecución que sufren las minorías étnicas en Xinjiang. Sin embargo, el año pasado salieron a la luz numerosas evidencias de esos campos de concentración y de las torturas que sufren los prisioneros, que se calculan en más de un millón. Como es habitual en su proceder ante los ojos del mundo, el régimen chino primero negó su existencia. Luego, en medio de denuncias incluso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las autoridades indicaron que se tratan de “centros de educación vocacional”. Según Beijing, el objetivo es eliminar cualquier pensamiento extremista en la región.
No obstante, un documento secreto del gobierno chino que se conoció a principio de año reveló que el gigante asiático persigue a los musulmanes uigures porque teme “una infección religiosa”, y que tengan muchos hijos.
Según las 137 páginas filtradas, las detenciones en los llamados “centros de formación profesional”, no se justifican por la comisión de un delito. Tampoco para enseñar chino y brindar capacitación laboral a los que denomina oficialmente “estudiantes”, como había argumentado el régimen. Esas personas representan “una infección religiosa menor”, porque “molestan a otras personas al visitarlas sin motivo”, porque “tienen familiares en el extranjero” o porque son “poco fiables y nacidas en una determinada década”, lo cual alude a los varones jóvenes nacidos desde 1980.
Otros factores de peso para decidir la detención de alguien son “viajes al extranjero” (algunos de los detenidos habían participado de peregrinaciones a La Meca), “obtención de un pasaporte”, “instalación de software extranjero”, “visitas a determinados sitios online extranjeros”. Entre las actividades que se vigilaron se cuentan “rezar”, “asistir a una mezquita”, “llevar barba”, “usar velo”, “tener más hijos que los permitidos”. Los familiares de personas detenidas tienden a ser más vigilados y a su vez detenidos en mayor proporción. Según el documento, las autoridades evalúan si las familias tienen “atmósferas religiosas densas” o no y registran cuántos parientes tiene cada detenido en un centro.
Adrian Zenz, especialista en minorías étnicas chinas e investigador de la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo, de Washington DC, explicó: “En 137 páginas, 667 filas de datos y los datos personales de casi de 3.000 uigures, este notable documento presenta las pruebas más contundentes hasta la fecha de que Beijing está persiguiendo y castigando activamente las prácticas normales de las creencias religiosas tradicionales, en violación directa de su propia constitución”.
El documento, conocido como “la lista de Karakax” reveló que también se realiza un seguimiento de los detenidos incluso una vez que han sido liberados. Por ejemplo, un hombre que fue detenido en mayo de 2017 porque su esposa usaba velo, manifestó “un cambio ideológico considerable”. Durante su estadía en un “centro de formación profesional” había “reconocido sus errores y mostrado remordimiento”. Tras asegurar que ya no representaba peligro alguno, las autoridades recomendaron que “regrese a su comunidad y sea monitoreado allí, tras completar su capacitación”.
El año pasado The New York Times publicó más de 400 páginas de documentos secretos que ilustran esos mecanismos de vigilancia en Xinjiang. Según explicó el diario norteamericano, “un integrante del sistema político chino que solicitó mantener su anonimato filtró los documentos con la esperanza de que su divulgación evitara que los dirigentes del Partido Comunista, incluido Xi Jinping, eludieran la responsabilidad por el proyecto”. “Es una de las filtraciones más importantes en décadas de documentos que proceden del interior del Partido Comunista”.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) también denunció las violaciones a los derechos humanos contra las minorías musulmanas. Refiriéndose a los detenidos como “estudiantes” que deben “graduarse” en los campos, las pautas establecen cómo el personal debe manejar su vida cotidiana, por ejemplo, asegurando “cortes de pelo y afeitados a tiempo”, al tiempo que enfatizan que a los detenidos se les prohíbe tener teléfonos celulares, según las evidencias publicadas por ICIJ.
“Los estudiantes (…) no pueden contactar con el mundo exterior excepto durante las actividades prescritas”, dice el memorando, y agrega que el personal debe “manejar estrictamente a los estudiantes que soliciten tiempo libre”. Si los llamados estudiantes “realmente necesitan abandonar el centro de capacitación debido a una enfermedad u otras circunstancias especiales, deben tener a alguien que los acompañe, monitoree y controle”.
El memorando dice que los reclusos deben ser juzgados con base en un sistema de puntos que mide “la transformación ideológica, el estudio y la capacitación, y el cumplimiento de la disciplina”. “Maneje estrictamente las cerraduras y llaves de las puertas. Las puertas de los dormitorios, las puertas de los pasillos y las puertas del piso deben tener doble cerradura y deben cerrarse inmediatamente después de abrirse y cerrarse”, dicen las instrucciones.
Las torres de vigilancia, las puertas con doble candado y las cámaras de vigilancia en los campos de detención en China están allí para “prevenir escapes”. En documentos públicos, el régimen asegura que la libertad personal de los “estudiantes” está garantizada. Pero en los informes filtrados queda en claro que los campos están cercados, custodiados por la policía a través de torres de vigilancia y un sistema de cámaras. “Escapar era imposible”, contó Sayragul Sauytbay, miembro del partido comunista y de origen kazajo, detenida en noviembre de 2017 y forzada luego a convertirse en profesora de chino mandarín. “En cada esquina había un policía armado”.
Los documentos filtrados también develan el intenso uso de datos e inteligencia artificial que está haciendo el gobierno chino como sistema de control social. Por ejemplo, luego de tomar información recolectada por el masivo sistema de vigilancia en el país, las computadoras definen listas con decenas de miles de personas designadas para interrogación o detención. Según los expertos, muestran un vasto sistema que identifica, monitorea y califica a los miembros de las diferentes etnias, para luego encarar la asimilación forzada y su sometimiento. Especialmente en el caso de los uigures.
Sumado a estos documentos secretos que fueron filtrados, en 2019 también circuló en redes sociales un video que muestra a cientos de prisioneros uigures con los ojos vendados y esposados, siendo trasladados en uno de los numerosos campos de concentración.
Los prisioneros visten uniformes azul y amarillo y llevan las cabezas rasuradas y los ojos cubiertos. Formados en filas y columnas, se los puede ver sentados, esposados y esperando, y luego siendo trasladados por la policía hacia un tren.
Las detenciones, casi todas extrajudiciales, de casi dos millones de uigures y miembros de otras minorías musulmanas en el oeste de China han generado preocupación en todo el mundo y numerosas denuncias de organismos de Derechos Humanos y la ONU.
Pese a la condena internacional, China defendió el contenido del video calificandolo de “normal”. “El combate decidido contra el crimen se da de acuerdo a la ley y es una práctica común en todos los países”, indicaron las autoridades de Xinjiang en octubre del año pasado en un comunicado citado por la cadena CNN. “El combate contra el crimen en Xinjiang nunca ha estado vinculado a etnias o religiones. El transporte de prisioneros por parte de autoridades judiciales es normal”, agregaron.
En diciembre pasado, las autoridades de Xinjiang anunciaron que los campamentos se habían cerrado y que todos los detenidos se habían “graduado”. Naciones Unidas, no obstante, ha dicho que cuenta con informes creíbles que confirman que un millón de musulmanes han sido detenidos -y forzados a trabajar- en esos campos, donde además se les obliga a denunciar su religión y su idioma y se les maltrata físicamente, al punto de que ha habido reportes sobre esterilizaciones forzadas.
Durante el anuncio de este lunes de que Estados Unidos prohibirá las importaciones de productos elaborados con el trabajo forzado de la minoría musulmana, Mark Morgan, comisionado interino del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por su sigla en inglés), calificó este tratamiento represivo de China como “esclavitud moderna”. “No es un centro vocacional, es un campo de concentración donde minorías étnicas y religiosas son sometidas a abusos y forzadas a trabajar en condiciones horribles sin libertad alguna”.
A principios de julio, la agencia norteamericana confiscó alrededor de 13 toneladas de productos confeccionados con cabello humano provenientes de Xinjiang.
En junio Donald Trump promulgó una ley que autoriza sanciones a funcionarios chinos acusados de estar involucrados en violaciones a derechos humanos de miembros de la minoría musulmana uigur. “Esta ley apunta a los autores de las violaciones de los derechos humanos y abusos como el recurso sistemático a campos de adoctrinamiento, a trabajos forzados y a una vigilancia intrusiva para erradicar la identidad étnica y las creencias religiosas de los uigures y otras minorías en China”, indicó el mandatario.
El texto menciona específicamente a Chen Quanguo, el jefe del Partido Comunista en Xinjiang, quien estuvo apostado previamente en la región del Tíbet y que ha amasado una reputación por su dureza en el trato con minorías en el gigante asiático. Las políticas que él ha implementado “permitieron que el estado empiece a controlar aquellas áreas con las que Beijing ha tenido dificultades, precisamente: control de la práctica religiosa; control sobre los indicadores de diferencias étnicas como el lenguaje, las tradiciones y el vestir; control sobre los movimientos y control sobre la transmisión intergeneracional”.
El “calvario”, en primera persona
Omir Bekali, nacido en Xinjiang de padres de etnia kazaja y uigur, es una de las pocas personas que ha podido contar cómo ha sido su estancia en un campo de concentración del régimen chino.
“Cada mañana, entre las 07:00 y las 07:30 horas, teníamos que cantar el himno nacional chino (…) Nunca quise cantar, pero debido a la repetición diaria, se graba en la mente. Incluso un año después, la música aún resuena en mi cabeza” relató en una entrevista con la agencia AFP a principios de 2019.
Como consecuencia de la represión contra la minoría musulmana, Bekali se mudó en 2006 a Kazajistán, un país ubicado en Asia Central que formó parte de la Unión Soviética hasta 1991, cuando se reconoció su soberanía. Allí encontró trabajo y consiguió la nacionalidad kazaja. Disfrutó de unos años de tranquilidad hasta que en 2017 todo se torció.
Por un viaje de trabajo, tuvo que regresar a Xinjiang. Al poco tiempo de llegar, lo acusaron de ayudar al “terrorismo” y lo arrestaron. Después de siete meses en la cárcel lo internaron en un centro de reeducación para musulmanes.
El objetivo de estos reclusorios, contó el ex prisionero, es claro: despojarte de cualquier creencia religiosa. Iniciaban el día cantando de cara a la pared el himno nacional chino. Además los viernes, un día sagrado para los musulmanes, les obligaban a cenar cerdo, un alimento que prohíbe el islam.
Los agentes del campo de concentración les prohibían hablar otra lengua distinta al mandarín, rezar o dejarse crecer la barba. Esto último lo consideraban un signo de extremismo religioso.
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