La universidad Católica Andrés Bello (UCAB) es la primera institución de venezolana de educación superior en crear un protocolo para la atención y prevención de los casos de acoso y violencia sexual. Este martes 15 de septiembre entró en vigencia el documentó que comenzó a discutirse y gestarse en abril de este año.
Con información de El Pitazo
Magaly Vásquez González, secretaria general de la casa de estudios y coordinadora de la comisión a cargo del protocolo, explicó: “La orientación que tiene (la normativa) no es solo prevenir, que es importante, sino atender a la víctima y sancionar al responsable”.
El origen de la creación de la comisión y del protocolo fue una denuncia que hizo una exalumna de la UCAB, en su sede en Guayana, el 10 de abril, que contó a través de Twitter que fue víctima de acoso sexual por parte de un profesor. Lo que desencadenó la publicación de otras denuncias y la generación de la etiqueta #UniSinAcoso.
Vásquez González expuso que los consejos de ambos campus acordaron instalar la comisión el 21 de ese mes conformado por seis profesores y autoridades y dos estudiantes. En principio de discutió y evaluó qué se debía regular y por qué. Además, el equipo investigó si otras universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina pertenecientes a la Red Ausjal tienen protocolos o normativas que atiendan la violencia basada en el género y la identidad sexual. Revisaron cerca de 12 documentos de la región.
Otro insumo importante fue una investigación multilateral realizada por Distintas Latitudes en la que se expuso que solo 40% de las universidades del Latinoamérica cuentan con protocolos de este tipo. En Venezuela no sorprende la falta de información: según OGN como la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) y el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), 99% de las denuncias por violencia basada en género no llegan a juicios.
Instituciones como la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Simón Bolívar (USB) no tienen parámetros para atender el acoso y la violencia sexual.
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Una normativa para toda la comunidad universitaria
El artículo 1 establece: “El presente Protocolo tiene por objeto crear las condiciones para prevenir, atender, proteger, sancionar y erradicar todo tipo de violencia y de conductas de acoso por razón de sexo, género, identidad de género u orientación sexual, entre los miembros de la comunidad universitaria, con ocasión de las relaciones interpersonales, en el ámbito estudiantil, académico, docente y laboral”. Vásquez González apuntó que, a partir de ahora, en todos los contratos se incluirá una clausula en la que la persona declare que conoce el protocolo y que se compromete a cumplirlo y promoverlo.
Vásquez González precisó que el documento no es solo para estudiantes y educadores, también involucra al personal administrativo y obrero. Entre las infracciones se enumeran comentarios hostiles y trato desigual a causa de la identidad de género u orientación sexual, lenguaje lascivo o acercamiento físicos indeseados.
Aunque fue este 15 de septiembre que entró en vigencia, el protocolo fue aprobado por el consejo universitario el 11 de agosto. La atención a las víctimas de acoso o violencia sexual involucra a varios departamentos de la UCAB: la Comisión Disciplinaria –conformada en 2017-, el Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano (Cadh) y el de Salud en Integridad Laboral. Con esto, las autoridades buscan el acompañamiento, el apoyo, la no revictimización, la privacidad e integridad de las personas.
La secretaria asegura que la normativa es responsabilidad de todas las personas que hacen vida en la universidad. Luego de la aprobación del documento, se explicó que cada encargado o coordinador debe entenderlo, exponerlo y promoverlo ante sus equipos. Además, los seis meses siguientes a la entrada en vigencia del protocolo, la UCAB se compromete a hacer campañas de formación e información acerca del contenido.
Vásquez González es enfática: “La institución se declara como promotora y defensora de la dignidad humana y es importante que a ninguna persona se le discrimine o acose por ninguna razón. (…) El hecho de que haya una normativa específica para esto nos parece muy positivo, porque cuando revisamos el informe de Distintas Latitudes, no hay protocolos y estas situaciones se invisibilidad y estos casos de acoso tienen que ver con relaciones de poder”. Insiste en que, a partir de la conformación de la comisión, hubo una respuesta oportuna a las demandas del estudiantado y a la denuncia que se viralizó en Twitter.
Con información de El Pitazo
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