El día de ayer, el Gobierno de Estados Unidos y su representante especial para Venezuela Elliott Abrams, introdujeron ante la Corte de Nueva York –tribunal que avanza en el proceso de juicio de nulidad en contra de los Bonos PDVSA 2020, dos documentos en los que ratifican su reconocimiento al Gobierno Interino del Presidente (E) Juan Guaidó y a los poderes legítimos de Venezuela.
Centro de Comunicación Nacional
En la comunicación, el Gobierno de Estados Unidos ratifica expresamente que la protección de los activos de Venezuela –en este caso CITGO– está ligada estrechamente a la política exterior estadounidense que consiste en el apoyo a todos los esfuerzos del Gobierno Legítimo para restaurar la democracia en Venezuela y reconstruir la economía una vez cese definitivamente la usurpación de Nicolás Maduro. En el documento se hace mención expresa de las órdenes ejecutivas que el Gobierno norteamericano ha adelantado para la protección de los activos venezolanos, tal como el régimen de sanciones que actualmente impiden ciertas transacciones con respecto a los Bonos PDVSA 2020 y la venta del colateral declarado para estos bonos.
Recordemos que la Legítima Asamblea Nacional de Venezuela –mediante un acuerdo de fecha 27 de agosto de 2016– claramente expresa que las condiciones de la emisión de los Bonos 2020 y haber puesto a CITGO como colateral cuando se pactó esta transacción entre el régimen de Nicolás Maduro y los compradores del Bono 2020, fueron ilegales y fraudulentas ya que no fueron aprobados por el poder legislativo, tal y como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Por su parte, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, hace hincapié en que la situación de riesgo que atraviesan los activos de Venezuela, específicamente CITGO, es el resultado de años de manejo irresponsable de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El representante de EE. UU. fue enfático al precisar que cualquier pérdida de los activos de PDVSA en suelo norteamericano, incluyendo PDV Holding, Inc. y CITGO irían en detrimento a la política exterior de Estados Unidos y de las prioridades del Gobierno Legítimo de Venezuela.
El Gobierno Legítimo ha insistido y quiere ser firme en su plena intención para avanzar en un camino que permita la consecución de una solución ordenada y negociada con los tenedores del Bono, siempre y cuando se tomen en cuenta las decisiones de la legítima Asamblea Nacional, la Emergencia Humanitaria Compleja que vive el país y que esto se pueda realizar sin perjuicio del derecho que tiene el Parlamento a analizar, caso por caso, aquello que pueda ser catalogado como dudoso, de acuerdo con los lineamientos para la negociación de la deuda, aprobados por la Asamblea Nacional el 1° de julio de 2019.
Ratificamos nuestro compromiso con el rescate, protección y defensa de los activos de la Nación para el pueblo venezolano y en ese sentido, continuamos realizando todos los esfuerzos, atendiendo todos los requerimientos de los procedimientos judiciales, y concretando todos los apoyos necesarios para resguardar los bienes públicos que han sido puestos en riesgo por las políticas irresponsables de expropiación y endeudamiento de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
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