Vecinos del sur de Madrid protestaron este domingo contra los confinamientos selectivos que entrarán en vigor mañana, unas medidas que consideran «discriminatorias, segregacionistas» y además «insuficientes» para frenar el rápido incremento en el número de casos de coronavirus, un 25% de los contagios de toda la región.
Alida Juliani / EFE
Las restricciones de movilidad en 37 áreas sanitarias, repartidas por seis distritos de la capital española y otros siete municipios de la comunidad autónoma, entre ellos algunos de los más deprimidos y con mayor densidad de población, afectarán a casi un millón de personas.
Se trata del 13 % de la población de Madrid -más de seis millones y medio de habitantes-, que tendrán prohibido salir de esas zonas salvo para actividades imprescindibles como para ir a trabajar.
Más de 200 policías locales controlarán el cumplimiento de las medidas, que tendrán una duración de 14 días y que establecen también una limitación en las reuniones de diez a seis personas, una reducción genérica de los aforos al 50% y la realización de un millón de test con el objetivo de identificar a las personas infectadas por la COVID-19.
Además, se fijarán controles puntuales de identificación en el perímetro de las áreas afectadas por las restricciones, que serán aleatorios y tendrán carácter informativo durante las primeras 48 horas.
Los agentes se encargarán también de vigilar el cumplimiento de los horarios y aforos establecidos para los comercios y la hostelería, y de que las personas que den positivo por coronavirus en las pruebas PCR respeten las cuarentenas.
SIN CONFIANZA EN LAS MEDIDAS
Las nuevas medidas llegan después de que Madrid haya registrado durante varias semanas el mayor número de contagios de toda España, con cifras que triplican las de otras zonas del país y un aumento de la presión hospitalaria preocupante, con el 64% de las UCI de los hospitales ocupadas por enfermos de COVID.
Los últimos datos oficiales publicados el viernes sitúan a Madrid a la cabeza de las regiones españolas más afectadas por el virus, con 1.553 nuevos casos registrados desde la jornada anterior, y como una de las capitales más afectadas por la pandemia en el mundo. España es el país de Europa occidental que ha registrado más contagios, 640.040, mientras que el número de fallecidos es de 30.495 personas desde el inicio de la pandemia.
Sólo el distrito madrileño de Puente de Vallecas, uno de los que serán confinados a partir de mañana, presenta una incidencia de 1.903,96 casos por cada 100.000 habitantes.
Muchos vecinos de las zonas afectadas cree que las medidas se tenían que haber tomado antes y no ahora «cuando la situación les ha superado», dice a Efe Sara, residente en Villa de Vallecas, uno de los barrios que mañana verá restringida su movilidad.
«La sanidad lleva desbordada todo el verano y no se ha contratado personal», denuncia Sara.
Acabar con la precariedad en la que se encuentran los servicios sanitarios es una necesidad de estos barrios, coincide otra vecina, Mery, que lamenta que no se haya hecho un mayor esfuerzo en reforzar el personal sanitario y advierte del «señalamiento» que puede producirse contra las personas que viven en las áreas aisladas.
LAS DUDAS DE LOS EXPERTOS
La eficacia de estas restricciones de movilidad suscitan dudas entre los expertos, dada la gran densidad de población en el área metropolitana de Madrid, el corto periodo de aplicación (14 días) y que las medidas no se acompañan de un incremento de recursos para los afectados.
Para el doctor Javier Segura, de la Asociación Madrileña de Salud Pública, «la eficacia será limitada al aplicarse a 37 zonas y no al resto de la región, donde la transmisión comunitaria es suficientemente alta como para restringir la movilidad. Dudamos que los confinamientos perimetrales puedan ser ejecutados».
Según Segura, habría que actuar en «tres factores: vivienda, trabajo y condiciones sociales. Habilitar alternativas habitacionales para cumplir la cuarentena y solucionar el presentismo» de quienes no pueden teletrabajar y tienen contratos precarios con «vigilancia y sanciones» a los empleadores que los despidan.
El doctor considera que «se ha sido radical con los más débiles», ya que las medidas no atacan la raíz del problema. «Es muy difícil aislar unidades de actividad», sostiene.
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