A la cárcel fueron enviados los policías Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos, vinculados al homicidio del estudiante de derecho Javier Ordóñez.
Serán remitidos a la cárcel para uniformados de Facatativá.
La juez 29 de control de garantías de Bogotá acogió la petición de la Fiscalía de asegurar a los uniformados en centro carcelario.
Para la Fiscalía, la libertad de los dos hombres podría poner en peligro el proceso judicial que se sigue por el homicidio de Ordóñez, ocurrido la noche del 9 de septiembre en un acto de abuso de la fuerza policial en Villa Luz, Engativá.
La Procuraduría apoyó la solicitud de medida de aseguramiento, al considerar que es idónea, debido a la gravedad de los hechos. «No es un exceso de fuerza. Es más que un exceso de fuerza, y por eso estamos ante una tortura», dijo el procurador delegado.
A Rodríguez y Lloreda les fueron imputados, el pasado sábado, los delitos de homicidio agravado y tortura agravada.
Los uniformados, ya suspendidos de la Policía Nacional, no aceptaron los delitos imputados y sus abogados elevaron un conflicto de competencias.
Las razones de la juez
La juez 29 se refirió a la necropsia de la víctima en la que dijo, se observa la gran cantidad de golpes que sufrió Ordóñez y consideró que la medida privativa de la libertad es la adecuada para este caso.
«Tuvo que ser muy violento el procedimiento policial», señaló la juez del caso al hacer referencia al dictámen de los peritos y dijo que hubo tratos indignos e inhumanos.
Dijo que con las declaraciones de los testigos se puede hablar de que hubo un desborde del procedimiento por parte de los policías que deben proteger a la comunidad. Y añadió que la fuerza es necesaria cuando se requiere y debe ser proporcionada.
¿Era necesaria semejante violencia?, se preguntó la juez y señaló que en Colombia está prohibida la pena de muerte y está prohibida la tortura. Igualmente señaló que los uniformados con su comportamiento irrespetaron a la ciudadanía y a la misma institución.
La juez añadió que los uniformados vinculados al proceso no cumplieron con el debido proceso.
La Juez indicó que la ley no es absoluta en el derecho a la libertad de las personas y que en este caso «tendría que sacrificarse el derecho a la libertad de estos ciudadanos» investigadas a la muerte de un ciudadano que fue asesinado, pero antes fue torturado.
Igualmente señaló que a los uniformados por hacer parte de la Policía y por la capacitación recibida se les exigía un comportamiento diferente y si el ciudadano los golpeo en algún momento, tenían que presentar la denuncia del caso y no actuar como lo hicieron.
«No se garantizarían los fines constitucionales de evitar la obstrucción a la justicia y de la protección a la comunidad con una medida de aseguramiento de casa por cárcel», dijo la funcionaria judicial.Indicó que según los datos aportados al proceso los imputados podrían afectar a la comunidad y a testigos del proceso.
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