Las calles de Venezuela se agitan. Esta semana, se registraron multitudinarias protestas en varias ciudades del interior del país. Las condiciones de vida empeoran cada y el hastío comienza a desbordar aún en medio de la pandemia.
Por FLORANTONIA SINGER | El País
Lo que comenzó como una convocatoria de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), que agrupa a partidos de izquierda deslindados del chavismo y de su alianza electoral para el 6 de diciembre, funcionó como mecha. Una situación insospechada en medio de la inercia y la falta de conexión de la actual dirigencia opositora, que lleva casi dos años empujando una transición política.
La mayor parte de las manifestaciones se produjo en el Estado Yaracuy, en la región centro-occidental del país. Centenares de personas, todos con tapabocas y guardando cierta distancia, marcharon el martes en el pueblo de Urachiche, bajo la organización de la APR. El reclamo por la falta de agua, electricidad, gas para cocinar y gasolina derivó en exigencias de un cambio de gobierno. A esta manifestación han seguido otras en distintos municipios. En los videos difundidos por las redes sociales el mensaje era el de una vida mejor y libertad. Los pueblos de Chivacoa, Nirgua, Aroa, Yaritagua y San Felipe se mantuvieron encendidos, con gente en la calle. Pronto se sumó la represión de los cuerpos de seguridad. Se contaron al menos 15 detenciones durante las jornadas de calle. La policía también dispersó a los manifestantes con bombas lacrimógenas y perdigones.
Eduardo Torres, defensor de derechos humanos en la región, contó que este sábado, en la manifestación más grande de la semana que llegó a la capital del estado, fueron emboscados por militares de la Guardia Nacional, la Policía Bolivariana y agentes de los llamados colectivos, grupos parapoliciales armados, un patrón de actuación que se repite desde 2014 y que ha sido denunciado en los informes de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. “La represión fue brutal. Nos escondimos en las casas de algunos vecinos y desde ahí vimos como el propio comandante de la policía estatal lanzaba bombas dentro de las viviendas”, denuncia el investigador del Centro del Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela y de Provea.
“El pueblo no se ha dejado, la población no se ha cansado. El que ha fallado es el liderazgo”, analiza Torres sobre esta inesperada ebullición. El activista señala que las redes sociales y la mensajería por WhatsApp fueron fundamentales para la organización de la sociedad civil en una región donde el único periódico local que circulaba dejó de hacerlo esta semana por falta de gasolina. Agrega que las fracturas del chavismo impulsaron la protesta a comienzos de la semana, pero las consignas no remiten a los partidos políticos sino a todos los padecimientos de los venezolanos. “La consigna es por el agua, por los cortes luz, el salario. Yaracuy es uno de los estados más golpeados por la crisis, el sector campesino no tiene semillas para sembrar. Se juntaron muchas cosas”, explica.
En agosto se registraron al menos 748 protestas, la mayor parte de ellas por la escasez de combustible, con 30 detenidos. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en septiembre las manifestaciones se incrementaron en todo el país. El viernes, hubo 47 protestas masivas y organizadas en 17 de los 24 estados del país. El gobierno desplegó vehículos militares para la contención. En Caracas, la capital, relativamente mejor abastecida y mucho más controlada por las fuerzas de seguridad, no se han registrado jornadas como las vistas en el interior.
El gobierno de Nicolás Maduro todavía intenta enderezarse tras el duro golpe que significó el informe de la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas, que reveló violaciones de derechos humanos consideradas delitos de lesa humanidad. Ahora intenta cabalgar hasta unas elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre —en las que la mayor parte de los partidos opositores se ha negado participar por falta garantías—, que le permitan renovar a la opositora Asamblea Nacional. La pesadilla de la cotidianidad del venezolano, que debe lidiar con fallas de todos los servicios básicos, escasez de alimentos y medicinas, una grave crisis económica —con una perspectiva de contracción del 20% del PIB para 2020— y una galopante hiperinflación que llevó el salario mínimo a menos de un dólar esta semana, son otros de los factores que han avivado el descontento.
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