Amnistía Internacional acusó este martes al Estado francés de utilizar la pandemia como excusa para reprimir las protestas de una forma mucho más dura y puso como ejemplo la prohibición de reuniones de más de diez personas, incluso si esos grupos ya se permitían en conciertos o en el transporte público.
La organización ha identificado casos en los que hasta 85 personas han sido multadas por participar en pequeñas protestas entre mayo y junio pasados, pese a que los manifestantes respetaban las normas de protección contra el coronavirus, según denuncia un informe que presentó hoy.
En abril de 2019, el Parlamento francés aprobó una ley que penalizaba, entre otros comportamientos, cubrirse la cara en las manifestaciones. Según AI, esta prohibición es contradictoria con la obligación de llevar mascarilla.
Un ejemplo fue la manifestación de sanitarios con mascarilla del pasado 16 de junio en París para pedir más financiación para la sanidad pública frente a la pandemia, muchos de cuyos asistentes fueron detenidos o multados por cubrirse el rostro durante una protesta.
«El Gobierno francés reprime hoy en día al manifestante a través de la fuerza y a través de las leyes», aseguró la presidenta de Amnistía Internacional Francia, Cecile Coudrion, que calificó esta ley de 2019 de «arbitraria» porque en la mayoría de casos no es demostrable que esas personas hayan cometido actos violentos.
El documento muestra que, entre 2018 y 2019, 11.000 manifestantes de los «chalecos amarillos» fueron puestos bajo custodia policial y más de 40.000 personas fueron declaradas culpables, según AI, bajo leyes poco concretas que no respondían a los criterios establecidos por el derecho internacional o relativas a los derechos humanos.
La organización precisó que estas detenciones tuvieron lugar en manifestaciones pacíficas, desligándolas de los episodios de violencia que protagonizaron numerosos actos de los «chalecos amarillos», el movimiento de protesta social que se extendió por toda Francia desde finales de 2018.
En la presentación del informe, el periodista Brice Ivanovic ofreció su testimonio: «Estaba grabando una manifestación de los ‘chalecos amarillos’ cuando me arrestaron y retuvieron durante 24 horas por preparar y ejercer la violencia, y por cubrirme la cara. La fiscalía pidió tres meses de cárcel sin aportar pruebas».
Otro caso es el de Frédéric Vuillaume, sancionado por haber participado en actos de los «chalecos amarillos»: «Me atribuyeron la organización de actos violentos. Entraron en mi casa y se llevaron mi móvil y mi ordenador y a día de hoy no he sido llamado a juicio».
Por todo ello, el documento recomienda una serie de actuaciones y «peticiones» al Gobierno para que deje de «judicializar las manifestaciones». Coudrion recordó que en 2019 hubo tres veces más detenidos entre manifestantes pacíficos que en 2018 por la vigencia de la nueva ley».
La responsable de AI Francia insistió en que «no se puede utilizar una pandemia para prohibir las manifestaciones cuando se respetan todas las normas como llevar mascarilla y mantener las distancias». EFE
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