México investiga a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por su posible conexión con la trama corrupta de la constructora brasileña Odebrecth en el país mesoamericano. Así lo reveló el diario mexicano «El Universal» en una entrevista publicada el lunes con Santiago Nieto, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y que se encarga estudiar posibles delitos fiscales. La UIF es un organismo similar a la UDEF en España.
La investigación surge de las declaraciones del expresidente de Pemex, Emilio Lozoya, quien ya testificó ante las autoridades mexicanas para señalar, entre otras acusaciones, que la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012 pudo haber recibido 100 millones de pesos (casi 4 millones de euros) de Odebrecht. Peña Nieto y Calderón son dos de las 70 personas mencionadas por el exdirectivo que podrían verse involucradas en la trama. Lozoya fue detenido en Málaga en febrero.
El objetivo de la UIF es indagar si la información vertida por el expresidente de Pemex es verídica, un proceso que estima que demorará tres meses. México y Venezuela son los dos únicos países hispanoamericanos salpicados por la trama corrupta de Odebrecht donde todavía no hay condenados por este caso. Esa es la razón por la que el Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha centrado sus esfuerzos en deshilvanar este caso como parte de su estrategia en la lucha contra la corrupción. López Obrador gobierna desde diciembre de 2018.
Corrupción del PRI
Felipe Calderón fue presidente entre 2006 y 2012, mientras que Peña Nieto lo fue entre 2012 y 2018. Se desconocen los detalles de la investigación contra ambos exmandatarios, sin embargo, el titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que Lozoya enfrenta por el momento cinco denuncias por diversos motivos relacionados con su administración en Pemex, un puesto que ocupó de 2012 a 2016. Nieto adelantó que también prepara otra denuncia contra Lozoya por Odebrecht, mientras que todavía tiene pendiente concluir algunas investigaciones como que la polémica inversión que hizo la estatal mexicana en astillero vigués Hijos de J. Barreras, cuando desembolsó unos 5 millones de euros por adquirir un 51% de la compañía.
De acuerdo con el testimonio de Lozoya, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) habría recibido un total de 10 millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña. Los otros pagos ilegales habrían sido para obtener un contrato en la refinería de Tula —propiedad de Pemex— y sobornar a varios diputados para que aprobaran en 2014 una reforma que, desde entonces, amplia la posibilidad a empresas extranjeras para participar en el sector energético mexicano. El PRI es el partido que gobernó México durante casi todo el siglo pasado.
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