Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, cuestionó este viernes la postura del gobierno de Alberto Fernández con respecto a las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
La postura se desprende de la controversia causada por las recientes declaraciones de Carlos Raimundi, el embajador argentino ante la OEA quien rechazó el informe de la ONU que denunció diversos métodos de represión ilegal del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
“Si el Estado argentino realmente se preocupa por el pueblo venezolano y entiende que las autoridades locales tienen la responsabilidad por el pleno respeto a los derechos humanos en su país, debe demostrarlo”, advirtió Belski en un comunicado.
A su vez, señaló que el reporte de Naciones Unidas es “contundente” al relatar cómo el régimen chavista planificó y ejecutó desde 2014 graves violaciones de derechos humanos, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas.
Y agregó: “Argentina ya había demostrado su profunda preocupación por la grave situación en Venezuela, ante el Consejo de Derechos Humanos en su último período de sesiones en julio e instado a que este país implementara las recomendaciones hechas en esta ocasión por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Llama la atención y preocupa que, ahora, desde el ámbito diplomático argentino se matice o se relativice el peso de estos hechos o la responsabilidad del gobierno venezolano. No estamos hablando de ideologías, estamos hablando de miles de víctimas y sus familiares que siguen desamparadas en su búsqueda por verdad y justicia”.
Frente a esta polémica declaración de Raimundi -quien luego se desdijo- Amnistía Internacional considera que Argentina, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, “tiene una gran oportunidad y responsabilidad en los próximos días: apoyar la extensión y el fortalecimiento del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, y garantizar que se mantengan los esfuerzos de esta investigación” que se desempeña en Venezuela para esclarecer la situación de ese país en crisis humanitaria e institucional.
Los Estados miembro del Consejo de DDHH de la ONU decidirán la próxima semana sobre la continuidad de la Misión Internacional Independiente que evaluó violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014 en ese país y cuyo informe fue publicado el 16 de septiembre.
Carlos Raimundi realizó el martes una fuerte defensa del régimen de Nicolás Maduro y destacó que “Venezuela ha sufrido un fuerte asedio de intervencionismo” por lo que “hay una apreciación sesgada de lo que son las violaciones a los derechos humanos en determinados países”.
Esas afirmaciones del embajador causaron una fuerte crítica en la diplomacia regional, Naciones Unidas, la oposición venezolana, el Departamento de Estado de EEUU y la Unión Europea.
De hecho, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reaccionó a las declaraciones e instó el miércoles al Gobierno argentino a explicitar si hacía suyas las palabras del embajador que relativizó el informe de la Misión Internacional que da cuenta de la represión ilegal en el país caribeño.
“Yo quisiera saber si la representación de su embajador en la OEA es la representación del Ejecutivo en Argentina. Si la relativización del dolor, del sufrimiento humano en Venezuela representa al Ejecutivo en Argentina”, expresó Guaidó en una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann transmitida por el medio A24.
Y agregó: “No podemos voltear la cara mientras hay un genocidio silencioso en Venezuela. No podemos relativizar el dolor. No hay neutralidad en materia de derechos humanos, en materia de la dignidad y los derechos fundamentales”.
El informe de la ONU señala a lo largo de 21 páginas a Nicolás Maduro y a sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López; y del Interior, Néstor Reverol, como figuras determinantes en los graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país.
El documento ofrece amplia información “que demuestra que las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”.
La Misión de la ONU constató numerosos actos de tortura y otros malos tratos. En un listado, identifica las nueve técnicas de las fuerzas chavistas para lastimar y humillar a los presos políticos: fuertes golpizas; asfixia con sustancias tóxicas y agua; posiciones de estrés; reclusión prolongada en régimen de aislamiento en condiciones duras; violencia sexual y de género, incluida la desnudez forzada y violación; cortes y mutilaciones; descargas eléctricas; uso de drogas para inducir a la confesión; y tortura psicológica.
La pesquisa también detalló 33 casos (21 hombres y 12 mujeres) en los que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) arrestó, detuvo y torturó o maltrató arbitrariamente a personas por motivos políticos. La mayoría de las detenciones se produjeron tras un período de vigilancia e investigación.
Además, detallan que las torturas se cometieron generalmente durante los interrogatorios para extraer confesiones o información, incluidas las contraseñas de teléfonos y de redes sociales, o para coaccionar a las personas detenidas para que se incriminaran a sí mismos o a otros, especialmente a dirigentes de alto perfil de la oposición en la comisión de delitos.
Ante la controversia diplomática internacional, Raimundi modificó su postura y dijo que no se pueden desconocer las violaciones a los derechos humanos en el país caribeño.
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