«Las elecciones parlamentarias pautadas para el próximo 6 de diciembre están diseñadas para favorecer al gobierno de Nicolás Maduro y perjudicar a sus adversarios«, así lo denunció Acceso a la Justicia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La ONG remitió al organismo un informe que explica las implicaciones de los cambios que el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral del régimen han hecho al sistema electoral venezolano en los últimos meses.
Para Acceso a la Justicia la «mutación» sufrida por el sistema electoral es otra muestra más de la ausencia de independencia del máximo juzgado, en particular de la Sala Constitucional, la cual mediante sus sentencias 68 y 70 del 5 y 12 de junio de 2020, respectivamente; no solo se arrogó por quinta vez en dos décadas la potestad de designar a los miembros del organismo comicial, sino que desaplicó varias normas de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) relacionadas con la escogencia de los diputados y autorizó al árbitro electoral a legislar en la materia.
Asimismo, reportó a la Comisión que los miembros del nuevo árbitro tampoco fueron elegidos de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución de 1999, la cual señala que la AN es la instancia que puede realizar dicho nombramiento.
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