La ausencia de medidas que mejoren el despacho de gasolina y Pdvsa sin señales de levantar la producción hace que los empresarios evalúen las opciones sobre la mesa para llevar el producto al país, algo que también ha ocurrido ante la falla de otros servicios, pues las empresas se han visto en la obligación de adquirir plantas eléctricas.
Desde el gobierno de Nicolás Maduro se alienta al sector privado para que importe gasolina. Una tarea que encomendaría a otros lo que el Estado no ha logrado resolver: la escasez. Sin embargo, traer combustible pasa por una encrucijada legal y política, donde las reglas siguen sin estar claras.
El 14 de septiembre el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, dijo que los encargados de las 24 estaciones privadas que venden gasolina dolarizada podían importar y venderla en esa entidad por encima de los $0,50; el precio más elevado que fijó el Gobierno el 1° de junio. Prieto agregó que el valor podía variar según el tipo de combustible, por ejemplo, ir de $0,70 a $0,75 el litro, pero que no excediera de un dólar.
La escasez empeoró en marzo y afectó no solo la movilidad de la población, sino también a las empresas y la agroindustria. La importación de gasolina iraní no ha sido suficiente, por lo que desde septiembre los gremios privados asoman que están interesados en traer combustible si eso aliviará la situación.
El diputado a la Asamblea Nacional (AN) y presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, Elías Matta, explicó en entrevista a Crónica.Uno que para que los privados puedan importar gasolina se debe derogar la Ley de Reordenamiento del Mercado Interno de Combustible del 2008. “Todos los que quieran comercializar gasolina requieren un permiso del Ministerio de Energía y Petróleo, según el artículo 61 de la actual Ley Orgánica de Hidrocarburos”, precisa.
Pero desde el Estado el apuro por la crisis de gasolina parece restarle peso a lo que dicta la Constitución. Ahora con la entrada en vigencia de la “ley antibloqueo” estas operaciones podrían materializarse en un entorno poco transparente, establecido así por el propio instrumento que, expresamente, contempla reservar información. Para el Parlamento quienes hagan negocios a través de la “ley antibloqueo” estarían incurriendo en una ilegalidad.
Luis Stefanelli, diputado de oposición en la AN y quien trabaja en la redacción de una nueva ley de hidrocarburos, señala que quienes hagan negociaciones bajo el amparo de la “ley antibloqueo”, la cual califica de inconstitucional, deben conocer que podrían ser penalizados por los delitos de “lesa patria, violaciones al Código Pena y al código de anticorrupción” y que también podrían enfrentarse a demandas.
La ausencia de medidas que mejoren el despacho de gasolina y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) sin señales de levantar la producción hace que los empresarios evalúen las opciones que tienen sobre la mesa para traer el producto. Algo que también ha ocurrido ante la falla de otros servicios como la electricidad, pues las empresas se han visto en la obligación de adquirir plantas eléctricas para garantizar su operatividad.
Por ejemplo, en Nueva Esparta algunos privados abogan por una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para traer gasolina. En Venezuela quien aspira entrar en el mercado de hidrocarburos debe vérsela con el Gobierno, la AN y las sanciones de Washington.
Desde la llegada de Maduro al poder en 2014 el Producto Interno Bruto (PIB) registra una contracción de 80 % hasta 2020, calcula Ecoanalítica. El escenario de los últimos años ha estado lleno de incertidumbre y recesión. Este año la nación será la más contraída de la región también por el impacto de la pandemia. Los empresarios reiteran que no hay confianza, pero las empresas que quedan hacen todo por sobrevivir.
Teodoro Bellorín, presidente de la Cámara de Comercio y Producción del Puerto Libre del estado Nueva Esparta, uno de los empresarios que aspira obtener la licencia dice a Crónica.Uno que sabe que no será sencillo. “Es un proceso que involucra al gobierno, a los sectores de la AN y a la OFAC. Ya esto lleva unas diez semanas. Los inversionistas necesitan claridad para una operación de ese tamaño. Nosotros hemos sido cautelosos porque no queremos generar expectativas”, indicó vía telefónica.
El presidente de la Cámara de Comercio y Puerto Libre de Nueva Esparta, Teodoro Bellorín, dice que se trata de “un proceso que involucra al gobierno, a los sectores de la AN y a la OFAC. Ya esto lleva unas diez semanas. Los inversionistas necesitan claridad para una operación de ese tamaño. Nosotros hemos sido cautelosos porque no queremos generar expectativas”
Los privados advierten que están en una situación crítica por la escasez de gasolina, gasoil y ahora se suma la del GLP. A su juicio urge un consenso para superar la crisis. Algo parecido a la autorización que el gobierno dio a la Cruz Roja o la Organización Panamericana de la Salud para traer medicinas. Una propuesta que planteó Consecomercio el 16 de septiembre al recomendar un acuerdo político entre el gobierno y la oposición: “Si ambas partes se unen y dan algunas libertades podría llegar gasolina, inclusive que esta sea distribuida por otros actores multilaterales para evitar disputas”.
Bellorín agrega que este acuerdo pasaría por otorgar concesiones legales. “La primera consideración de los abogados fue que mientras no haya una derogación o modificación de la Ley de Hidrocarburos, eso no se puede hacer, ya que limita la participación del sector privado”, dice. El empresario añade que la única vía para resolver el dilema es a través acuerdos.
«Imagínense que esperemos a que la AN apruebe la ley. La ANC da una apertura total con la ley antibloqueo, ¿pero si yo me voy con esa ley antibloqueo a importar gasolina me lo van a aceptar? De otra manera es imposible por eso es necesario concretar acuerdos y en eso estamos”, manifiesta el presidente de la Cámara de Comercio y Producción del Puerto Libre de Nueva Esparta.
En Venezuela los problemas son urgentes, pero desde el Estado son pocas las respuestas que se dan. Los empresarios al igual que la gente se las han tenido que arreglar para sobrevivir en hiperinflación, deterioro del poder adquisitivo y de los servicios. Las protestas por agua, luz, gasolina o salarios no se han detenido ni con las medidas de confinamiento por la COVID-19.
La Red Agroalimentaria de Venezuela revela en un informe de septiembre que la escasez de gasolina continúa y se agrava. En siete regiones del país 38 % de las localidades dice que el producto es inexistente. “La situación es particularmente grave en los Andes, Sur del Lago y en la formación Lara Falcón Yaracuy”. El precio promedio de la gasolina en el mercado negro subió 33 % entre agosto y septiembre, al pasar de $2 el litro a $2,6.
El diputado Stefanelli es tajante y asegura que las leyes vigentes “no permiten” este tipo de operaciones debido a que es una reserva del Estado y que solo Pdvsa puede manejar el rubro. Lo que ocurre en el estado Zulia lo califica de contrabando. “El gobernador de Zulia está contrabandeando gasolina con una red de bomba que tiene a su servicio y con la que trae gasolina de Colombia”, dice. A su juicio, la “ley antibloqueo” es un mecanismo para burlar esas trabas.
Lea el informe completo de Crónica Uno, aquí.
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