Entre enero y septiembre de 2020 Espacio Público registró 454 violaciones a la libertad de expresión relacionadas con hechos de violencia contra trabajadores de los medios, lo que representa el 86% de los registrados en todo el año 2019. A tres meses de cerrar el año estas cifras, que incluyen tres muertes, muestran que la impunidad continúa año tras año, es una realidad que evidencia el desinterés del gobierno en atender una situación que afecta a periodistas y a la población en general en su posibilidad de informarse libremente, en medio de una crisis humanitaria y más de ocho meses en cuarentena por la pandemia de COVID-19.
Por Espacio Público
Este 2 de noviembre se conmemora mundialmente, desde el 2013, el día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas y en Venezuela no hay nada que celebrar. La violencia aumenta cada año y el Estado no se avoca a investigar ni sancionar a las y los responsables de atentar contra quienes trabajan en los medios de comunicación.
Las cifras de intimidación, agresiones, amenazas, ataques y muertes en el ejercicio de la labor informativa han tenido altibajos desde el 2002, con un pico que destaca el 2017 en un año de particular actividad de protestas en contra del gobierno. Ningún registro anual está por debajo de las 70 violaciones a la libertad de expresión y en total, hasta septiembre de 2020, suman 4.078. En promedio el Estado ha limitado violentamente el derecho a buscar, recibir y difundir información un día sí y un día no (0,59% diario) durante los últimos 18 años y nueve meses.
Desde el 2002 y sobretodo durante la última década la crisis política y social se ha profundizado, degenerando en una emergencia humanitaria compleja que afecta a la población, pero los periodistas y reporteros no pueden reflejar libremente estos hechos porque son amenazados, golpeados, atacados, e incluso asesinados mientras hacen su trabajo sin que el Estado busque evitar que esto suceda y sin investigar, sancionar ni reparar los casos de violencia contra trabajadores de los medios.
El uso de la violencia contra periodistas es común durante la cobertura de protestas, de reclamos en empresas públicas, y este año particularmente ante la escasez de combustible, la información de salud relacionada con la transmisión de COVID-19, y las protestas por las fallas de los servicios básicos en todo el país.
Es frecuente que altos funcionarios del gobierno mantengan un discurso que desmerita el papel de los medios y les ataca constantemente. Esta práctica se convierte en política de Estado cuando las violaciones van más allá del acto ejercido por funcionarios o grupos de irregulares armados afectos al gobierno. Incluso, el reciente informe de la Misión de Determinación de los Hechos, concluyó que «en Venezuela hay persecución “específicamente contra determinados perfiles de personas, en particular los opositores políticos, las personas críticas al Gobierno y las personas asociadas a ellos”1.
Esta violencia discursiva se repite en el tiempo, y ampara la violencia de efectivos de seguridad o militares que actúan en contra del trabajo periodístico en las calles, repitiendo en la práctica los señalamientos de “delincuentes” o “conspiradores” hacia los periodistas, siguiendo el formato de la teoría del enemigo interno.
Durante el año 2020 se han mantenido los mecanismos para silenciar a los medios evitando que se difundan informaciones que desmientan o contraríen la versión oficial de la situación del país. Como parte del proceso la violencia y detenciones contra periodistas en la calle es el inicio de esa censura, evitando que capten imágenes, testimonios, o que graben videos que luego puedan ser divulgados.
En su gran mayoría, las investigaciones de casos de violaciones y abusos de poder (con agresores plenamente identificados) no son completadas. El sistema de justicia se muestra incompetente para procurarla, pasando por alto que no solo vulneran la libertad de pensamiento y opinión de periodistas e infociudadanos, sino que afectan de manera colectiva el derecho que tiene toda la sociedad de dar y recibir información.
454 hechos de violencia contra trabajadores de los medios en 2020
Entre enero y septiembre de 2020 hemos registrado 319 intimidaciones, 51 agresiones, 77 amenazas, 4 ataques a medios y 3 muertes tras el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Para ilustrar el aumento de estos números en el tiempo, la comparativa cada cinco años muestra las cifras, con un incremento de hasta 911% en comparación con el año 2005, ubicando el 2002 en el gráfico como datos base de referencia.
En quince años (2005-septiembre de 2020), las violaciones a la libertad de expresión relacionadas con violencia han aumentado 911% en la intimidación, 308% las agresiones, 230% las amenazas, 600% las muertes registradas (seis en los últimos cinco años), y en 4% los ataques contra instalaciones y medios de comunicación social.
Si se comparan los datos base del año 2002, con el acumulado del último quinquenio, los aumentos revelan que el Estado no ha puesto en práctica políticas que disminuyan la violencia contra periodistas, trabajadores de los medios e infociudadanía en general, sino todo lo contrario: todos los hechos evaluados revelan un drástico aumento. En números, vemos que la intimidación aumentó 4468%, las agresiones 720%, 1024% las amenazas, 700% los asesinatos, y 269% los ataques a medios de comunicación.
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