Nicolás Maduro creó la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional de Venezuela (FAES) hace más de tres años. Desde entonces, este grupo paramilitar se ha ganado una reputación temible en los barrios pobres del país y algunos de sus integrantes han sido acusados de torturar y realizar ejecuciones sumarias por grupos de derechos humanos, políticos de oposición y ciudadanos comunes.
Por Goyo Maestro | La Razón
En las barriadas pobres de muchas ciudades de Venezuela son tan temidos como los propios delincuentes a los que dice combatir.
Fundado en 2017, las prioridades de este organismo incluían la lealtad al gobernante partido socialista y la disposición a usar agresivas tácticas en los vecindarios delictivos en todo el país, según reveló una investigación de la agencia Reuters. En cambio, el Gobierno dijo que estas Fuerzas Especiales se pusieron en marcha para frenar el aumento de la delincuencia y la violencia, a partir de una plantilla de entre 800 y 1.500 agentes activos, unas cifras nunca confirmadas por el régimen chavista.
Las FAES han estado en el punto de mira del famoso informe de Michelle Bachelet, la Alta Representante para los Derechos Humanos de la ONU, sobre Venezuela, en el que recomendó desmantelar este escuadrón tras constatar su violento modus operandi mediante entrevistas a familiares de venezolanos que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales a manos de este cuerpo. Desde su creación han muerto, al menos, 2.000 personas por este tipo de actuaciones fuera de la ley.
El sociólogo Carlos Meléndez, coordinador del Observatorio Venezolano de la Violencia en Lara, asegura que en los estudios realizados junto con la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado «identificamos que el miedo que las comunidades sienten después de los operativos de las FAES es distinto al miedo al crimen en las ciudades, incluso al miedo que antes se tenía a la policía. Lo que deja las FAES es terror”.
“Sus prácticas son abusivas en las comunidades más vulnerables, lo cual coincide con un patrón de denuncias generalizadas contra ese organismo creado por Nicolás Maduro en el año 2017”, sostiene Meléndez.
No solo siembran miedo por las ejecuciones extrajudiciales, sino también por las lesiones a los familiares de los implicados en hechos delictivos, los robos de objetos, el maltrato verbal, y la simbología de este organismo de seguridad, cuya sola presencia activa ese sentimiento que puede rayar en el pánico, se dice en un informe del OVV.
Una de las señas de identidad de este organismo es el anonimato. Sus miembros usan máscaras o van encapuchados y llevan uniformes negros que incluyen insignias con calaveras. ¿Quiénes forman este cuerpo de élite? Una investigación de la agencia Reuters desveló que algunos de sus militantes son antiguos convictos, algunos de ellos fueron condenados por crímenes y pasaron por cárceles y otros no llegaron a poner pie en una prisión pero tuvieron sentencias condenatorias. Una ley de 2009 prohíbe a los venezolanos con condenas penales trabajar como agentes de las fuerzas de seguridad.
“Ellos veían la necesidad de contratar personas que no tengan temor de cometer delitos, de ingresar a una vivienda sin orden de allanamiento y matar”, dijo a Reuters Nora Echavez, ex fiscal jefe en Miranda, el estado donde se escuchará el caso judicial en curso.
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