En las últimas semanas dos sindicalistas fueron detenidos por denunciar la situación del sector petrolero. VOA conversó con líderes del gremio sobre los peligros de ser vocero de los trabajadores en el país.
Fabiana Rondón | La Voz de América
En Venezuela, la figura de los líderes sindicales ha tomado relevancia en los últimos años debido a la crisis política, económica y social. Estas personas son las voces oficiales de los trabajadores de sectores afectados por los bajos salarios y las precarias condiciones para laborar.
Sin embargo, el esfuerzo que ha impulsado cada uno de ellos en pro de lograr mejoras salariales y hacer notar las necesidades del sector obrero les ha costado también a algunos su propia libertad.
Solo durante este año 2020, al menos nueve representantes del sector sindical han sido detenidos por fuerzas de seguridad del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, como el caso de tres sindicalistas independientes de la Gobernación del estado Sucre, el 30 de enero, y Darío Salcedo, delegado sindical del Instituto Socialista de la Pesca y Agricultura (Insopesca), el 5 de mayo.
También se destaca el caso de Rubén González, detenido en 2017 y excarcelado este año al beneficiarse del indulto presidencial otorgado a mediados de agosto.
Recientemente, otros dos sindicalistas terminaron tras las rejas.
Se trata de la dirigente sindical petrolera Guillermina Zárraga, y Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), ambos habían denunciado en reiteradas oportunidades las deplorables condiciones de las refinerías del país, así como las precaria situación de los trabajadores.
Violación sistemática
Este tipo de hechos en contra de los sindicalistas no comenzó este año. En septiembre de 2018, Maduro, que en muchas ocasiones se ha definido así mismo como “presidente obrero”, firmó una resolución ejecutiva para imponer un tabulador único de salarios para la administración pública, eliminó los convenios colectivos existentes y también los sindicatos.
De acuerdo con el documento, el Estado se asumió como “patrono y autoridad única”, una medida que fue rechazada desde entonces por restar importancia a los clamores de los trabajadores.
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