El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, deberá comparecer ante el Congreso el próximo 10 de febrero acerca de la creación de la polémica Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), caso que se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía por presunta violación de datos personales.
EFE
La Comisión legislativa que investiga la UPAD y que en los últimos meses ha entrevistado a funcionarios y exfuncionarios relacionados con el caso, aprobó este miércoles una moción para recibir en el Congreso al mandatario el 10 de febrero próximo.
El caso de la UPAD salió a la luz el 21 de febrero pasado cuando los medios de comunicación informaron acerca de un decreto publicado el 17 de ese mes en el que el Gobierno creaba esa unidad.
El decreto fue derogado por el presidente Alvarado el 21 de febrero en medio de una lluvia de críticas, que se centran en su artículo 7.
Ese artículo indicaba: «Las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos» incluida «la información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas».
El presidente Alvarado siempre ha dicho que el decreto buscaba institucionalizar el equipo de análisis de datos que trabajaba en Casa Presidencial y reconoció que hubo errores en la redacción del decreto que motivaron su derogatoria.
El mandatario también ha reconocido que hubo «torpeza política» en la elaboración del decreto y reiteró que el Gobierno nunca ha tenido la intención de violentar la privacidad de las personas, sino contar con herramientas para mejorar las políticas públicas.
Desde que salió a la luz este tema, la oposición política ha criticado duramente al Gobierno de Alvarado y le ha acusado de «espiar» a los costarricenses mediante la recopilación de datos personales y de cometer un delito al firmar un decreto contrario a la ley.
Por este caso renunciaron en febrero pasado el ministro de la Presidencia, Víctor Morales; la jefa de despacho de Alvarado, Felly Salas; y el coordinador del equipo de análisis de datos, Diego Fernández.
La Fiscalía allanó el 28 de febrero la Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación y las casas de habitación de los asesores presidenciales investigados, en donde decomisó documentación y aparatos electrónicos, entre éstos los teléfonos celulares del presidente.
El caso continúa en investigación de la Fiscalía por presunta violación de datos personales.
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale click a +Unirme.
