En la jornada electoral del pasado domingo 6 de diciembre, el régimen chavista cumplió con el trámite de elegir una nueva Asamblea Nacional (AN). Como era de esperar frente a la abstención de la oposición, el chavismo ganó dos terceras partes de la Asamblea y la cifra de quienes no fueron a votar alcanzó al 70 por ciento, 40 puntos porcentuales más que en las últimas elecciones legislativas de 2015.
A pesar del sainete electoral, que ha sido ampliamente condenado por la comunidad internacional, se identifican dos hechos políticos tozudos. Por un lado, Maduro ha consolidado el control sobre la única rama del poder público que conservaba su independencia y está más atornillado que nunca.
Una posibilidad que se está barajando es la de extender la vigencia del periodo actual de la Asamblea, aduciendo circunstancias excepcionales y la imposibilidad de celebrar unos comicios transparentes. Algunos diputados proponen hacerlo por medio de una reforma al Estatuto de Transición a fin de extender el mandato del presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó, pero quedarían en un terreno constitucional incierto.
El reconocimiento de más de 40 países ha sido el mayor éxito diplomático de Guaidó, pero suponía una transición rápida. Aunque esta semana el presidente Iván Duque le dio trato de jefe de Estado a Leopoldo López y redobló sus apuestas en el cerco diplomático, algunos países ya están recogiendo pita frente a la realidad de que Maduro sigue en Miraflores. La decisión de qué hacer en enero no es fácil, más aún dadas las diferencias dentro de la oposición, que no es un partido homogéneo, sino una coalición variopinta.
Por otro lado, María Corina Machado, quien representa el ala más radical de la oposición, le escribió una carta abierta a Guaidó hace unos meses en la que le dijo: “El país te dio una tarea que no has podido o querido cumplir. Esa tarea se limitaba a salir del régimen”. María Corina pedía una “opción de fuerza” para sacar a Maduro, pero el propio Gobierno Trump ha aclarado que no la respalda, y ya con Biden se debe acabar la fantasía de ver a los Marines en Maiquetía. Guaidó sigue siendo el político más popular de la oposición, y su mayor activo es su legitimidad democrática, por lo que ha optado por una consulta popular virtual que apela directamente a la ciudadanía. La consulta plantea tres preguntas, una de las cuales es: “¿Exige usted el cese de la usurpación de la Presidencia de parte de Nicolás Maduro?”.
Al cierre de esta edición, la votación se realizaba de manera virtual –mediante plataformas como Telegram o Voatz– y terminaba el 12 de diciembre. Y aunque la consulta no tiene efectos constitucionales formales, aspira a generar un hecho político de rechazo al régimen, algo así como la Séptima Papeleta venezolana. La oposición va a tener que tomar decisiones difíciles el año que viene. Si eligen prolongar el Gobierno interino, corren el riesgo de terminar con un Gobierno virtual o en el exilio. Y si no liman asperezas y buscan una nueva unidad entre los distintos partidos, se puede profundizar una división que solo le conviene a Maduro.
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