Un juez de la Corte Suprema de Brasil suspendió este lunes, en forma cautelar, una medida anunciada la semana pasada por el presidente Jair Bolsonaro, que eliminó los impuestos que pesaban sobre la importación de revólveres y pistolas.
EFE
En su decisión, el magistrado Edson Fachin dijo que el fin de los tributos a esas importaciones podría traer aparejado «el riesgo de un aumento dramático de la circulación de armas de fuego» en el país, por lo que concedió la cautelar y también decidió llevar el caso ante el pleno del Supremo para un pronunciamiento definitivo.
La sesión en la que el pleno analizará el asunto será celebrada seguramente en febrero próximo, pues la Justicia estará en receso durante un mes y medio a partir de la semana próxima, con lo que la cautelar deberá mantenerse en vigor hasta entonces.
La medida que redujo a cero el impuesto del 20 % que regía para las importaciones de pistolas y revólveres había sido anunciada la semana pasada por el propio Bolsonaro, un entusiasta defensor de la liberación de la venta de armas a civiles y promotor de la llamada «autodefensa» de la sociedad frente a la delincuencia.
Esa decisión fue avalada por la Cámara de Comercio Exterior (Camex) del Gobierno y publicada incluso en el Diario Oficial, con lo que había entrado en vigor el pasado miércoles.
La Camex, un organismo interministerial responsable por las políticas de comercio exterior, no presentó ninguna justificativa en la resolución por la que eliminó los impuestos sobre la importación de armas ni explicó el criterio técnico o comercial que llevó a esa medida, ahora suspendida por el magistrado Fachin.
Desde que llegó al poder, en enero de 2019, Bolsonaro ha adoptado varias medidas para flexibilizar la posesión y el porte de armas en Brasil, lo que fue una de sus principales promesas de campaña.
Sin embargo, muchas de las medidas relativas a las armas que el líder de la ultraderecha brasileña ha adoptado desde entonces han sido matizadas, reguladas o hasta anuladas, bien sea por la Justicia o por las cámaras legislativas.
Según datos oficiales, en los ocho primeros meses de este año los brasileños registraron 105.000 nuevas armas ante la Policía Federal, un número en un 59 % superior al del mismo período del año pasado.
Bolsonaro sostiene que su política armamentista busca combatir la violencia en el país y permitir que los ciudadanos puedan defenderse de los criminales, en lo que considera un ejercicio pleno de las libertades individuales.
Sin embargo, organismos de defensa de los derechos humanos han criticado esas políticas pues, de acuerdo a las propias estadísticas oficiales, la mayoría de las armas que son decomisadas a criminales fueron compradas legalmente y robadas a sus propietarios.
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