Para hacer la Constitución venezolana de 1999, considerada en su momento la más avanzada del mundo, bastaron nueve meses. Dieciocho años después, una poderosa asamblea se instauró a la fuerza con la promesa de redactar una nueva Carta Magna, una meta que no cumplió luego de 40 meses de mandato incontestable.
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada solo por oficialistas, comenzó a operar el 4 de agosto de 2017 y pese al rechazo de buena parte de la comunidad internacional, que la acusa de ilegítima o fraudulenta, sus más de 500 miembros no vacilaron para actuar de manera monolítica en defensa del Gobierno y contra la oposición.
Ahora que la ANC será disuelta, los venezolanos no tendrán la Constitución que les fue prometida pero sí una estela de leyes, designaciones y decisiones que quitaron los estorbos a la llamada revolución bolivariana, y dejaron al país aun más hundido en una crisis social, política y económica.
Sin Constitución
Según los jefes de la Constituyente, el 28 de agosto de 2017 comenzaba la redacción de la nueva Carta Magna, una tarea especial para la que los constituyentes decidieron, unilateralmente, alargarse el mandato de uno a dos años, aunque terminaron ejerciendo su poder por más de 1.200 días.
Sin periodicidad fija, la ANC realizó decenas de sesiones formales y reuniones privadas en las que fue marcando el rumbo político del país, mientras quedaba fuera de la agenda cualquier aspecto relacionado con la redacción de una nueva Constitución, el propósito central para el que fue convocado este cuerpo.
Al ser consultados sobre este particular, los integrantes de la ANC insistían en que ese proceso iba avanzando, aunque nunca se ventilaron en el pleno detalles del proyecto.
Hoy es un hecho que no habrá un nuevo texto fundacional, pues así lo ha confirmado la ANC, que ahora ofrece solo un «patrimonio», en alusión a un supuesto «perfeccionamiento» de la Constitución que sigue sin conocerse pero que será usado «cuando tenga que ocurrir», o así lo ha dicho el constituyente Herman Escarrá.
Así, la cuestionada ANC, que se instauró sin referendo consultivo previo, tampoco llamará a referendo aprobatorio, ya que luego de 3 años y 4 meses en los que hizo lo que le dio la gana y sin resistencia no tiene nada que consultarle al país.
Cortar cabezas
Entre lo que sí hizo la Constituyente destaca su empeño por cortar las cabezas que eran incómodas para la revolución. La primera de ellas fue la de la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, que se había vuelto una férrea crítica del Gobierno y fue destituida en la segunda sesión de la ANC.
Aunque para llevar a cabo esta operación se requiere el apoyo de varias instituciones, la ANC aseguró entonces que podía removerla de su cargo y hacer prácticamente cualquier cosa sin consultarle a nadie porque sus decisiones emanan de un cuerpo plenipotenciario y en el que reside, como ningún otro, la «soberanía popular».
Bajo esa premisa, esta asamblea levantó la inmunidad parlamentaria de una treintena de diputados opositores y les negó a todos el derecho al correspondiente antejuicio de mérito al considerar, en consonancia con el poder Judicial, que todos estos legisladores habían incurrido en delitos comunes.
El líder opositor y jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países, fue uno de los desaforados por la ANC, la misma que lo señaló de varios delitos y pidió a la Justicia actuar en su contra, algo que no se ha traducido en prisión hasta ahora.
Un segundo Parlamento
Los constituyentes llegaron para anular el trabajo de los diputados. Las tareas que la Constitución consagra como exclusivas del Parlamento fueron confiscadas por la ANC.
Entonces, este órgano completamente fiel al chavismo, se encargó de elaborar los presupuestos del Estado, de hacer una aparente contraloría al Ejecutivo que no desveló ninguna irregularidad y de redactar leyes, ninguna de las tareas para las que fue convocada esta asamblea.
Según el último balance de gestión, la ANC promulgó 14 leyes, 98 decretos, 84 acuerdos y 40 «actos de otra naturaleza», es decir, 236 acciones que no eran su objetivo principal y que arrebataron las competencias de otras instituciones públicas.
Por ejemplo, la Constituyente, que obligó a los poderes del Estado a subordinársele, convocó a cuatro procesos electorales en menos de tres años y medio: votaciones presidenciales, regionales, municipales y legislativas que fueron cuestionadas por la oposición y una parte de la comunidad internacional.
Leyes chavistas
Sin ánimo de atenuar la confrontación política, las leyes aprobadas por el oficialismo constituyente atizaron las denuncias de autoritarismo por parte de la oposición que ve al Ejecutivo de Nicolás Maduro como una dictadura y a la ANC como el «adefesio» jurídico que le respalda.
Llamada entonces a blindar legalmente a la revolución bolivariana, la ANC aprobó una arbitraria ley contra el odio, que establece penas de hasta 20 años de cárcel para quienes sean hallados culpables de promover «delitos de odio», principalmente a través de las redes sociales.
La Constituyente le dio a Maduro su ansiada reforma a la ley de la Fuerza Armada, con lo que la Milicia, un cuerpo de civiles fieles al chavismo y sin entrenamiento militar formal, pasó a formar parte de la institución castrense, o mejor, a ser el mayor de los ejércitos del país.
Y más recientemente dio luz verde a la Ley Antibloqueo, un esquema propuesto por Maduro que le permite, teóricamente, desoír leyes y normas vigentes para burlar las sanciones económicas impuestas a su Gobierno con el objetivo de atraer inversiones, algo plasmado en un papel, pero imposible en la práctica.
Todo este blindaje se aprobó sin discusión pues, además de la «paz» que pregona incesantemente, la ANC tenía prohibido dudar en su fidelidad a Maduro, el que le dio la vida.
Por Hector Pereira/ EFE
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