Rebekah Jones, la exanalista de datos y exadministradora de la página oficial de Florida sobre los casos de covid-19 en ese estado, fue arrestada con cargos por acceso a computadoras sin autorización, informaron este lunes las autoridades estatales.
EFE
Jones, quien hoy tuvo su primera comparecencia en una corte de Tallahassee, capital de Florida, se entregó a las autoridades la noche del domingo, hora local (04.00 GMT del lunes), e ingresada en una cárcel del condado León, informó el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, en inglés).
A la exanalista de datos, despedida por el Departamento de Salud de Florida en mayo y cuyo domicilio fue registrado en diciembre por agentes policiales, se le fijó una fianza de 2.500 dólares.
Jones, de 31 años, afronta un cargo de «delito contra usuarios de computadoras, sistemas informáticos, redes informáticas y dispositivos electrónicos», y de ser hallada culpable podría recibir una condena de hasta 5 años de cárcel.
FDLE señaló que en noviembre inició una investigación luego de recibir una queja del Departamento de Salud del estado sobre alguien que accedió de forma ilegal a un sistema estatal de mensajes de alerta de emergencia, conocido como ReadyOp.
La dependencia señaló que el registro al domicilio de la analista, la cual grabó a los agentes armados al interior de su vivienda, les dio indicios de que Jones accedió ilegalmente al sistema y envió un mensaje a unas 1.750 personas, descargó datos confidenciales y los guardó en sus dispositivos.
La exfuncionaria, crítica con la gestión del coronavirus por parte del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, ha negado la acusación.
«Censurada por el estado de Florida hasta nuevo aviso», es el último mensaje que se lee en la cuenta de Twitter de Jones, publicado poco después del mediodía del domingo.
El sábado, la exfuncionaria anunció en Twitter que había una orden de arresto en su contra y que planeaba entregarse a las autoridades.
Jones ha señalado con anterioridad que fue despedida de su puesto por «negarse a manipular los datos del coronavirus», y que la ejecución de la orden judicial de registro en diciembre respondió a una «motivación política».
La exfuncionaria creó el pasado 31 de diciembre una campaña en la plataforma GoFundMe para su defensa legal, con la que ha recaudado más de 278.000 dólares, y su cuenta de Twitter acumula más de 371.000 seguidores.
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