Un grupo de organizaciones sociales y de víctimas de la guerra civil de El Salvador (1980-1992) llamaron este viernes al presidente Nayib Bukele a cumplir con las «responsabilidades» en materia de derechos humanos.
EFE
Este llamado fue en respuesta a la decisión del presidente de conmemorar cada 16 de enero el «Día de las Víctimas del Conflicto Armado» y no la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin a doce años de conflicto armado.
«Existen responsabilidades fundamentales que el mandatario debe cumplir, fundamentalmente dejar de proteger a victimarios, como sucedió en la negativa de cumplir la orden judicial de acceso a los archivos militares en el caso El Mozote», dijo en una conferencia de prensa David Ortiz, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
Agregó, al leer un comunicado, que el país debe eliminar la «impunidad y los privilegios» y que «no es negando el acuerdo (de paz) que ambas aristas se combaten».
«La acción del Gobierno de declarar el 16 de enero como ‘Día de las Víctimas del Conflicto Armado’ no abona en el objetivo de dignificar a las víctimas de la guerra», subrayó.
Por su parte, Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, manifestó que esperan que el mandatario «no se burle de las víctimas, sino que dé una respuesta concreta» a sus peticiones.
El activista destacó que estos acuerdos permitieron la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la desaparición de cuerpos de seguridad militares, la reducción de la Fuerza Armada y la creación de la Policía Nacional Civil (PNC).
El Gobierno de Bukele no conmemoró este 16 de enero, por segundo año consecutivo, el aniversario de los Acuerdos de Paz, que a juicio del mandatario son una «farsa», un «negocio» y un «pacto de corruptos».
«Dejaremos de conmemorar a los que ordenaron sus muertes y empezaremos a conmemorar a quienes sí deben ser conmemorados. Así empezaremos a construir la paz», publicó el mandatario en sus redes sociales.
Desde septiembre del año pasado, Bukele también recibió críticas por respaldar un bloqueo del Ejército a una serie de inspecciones judiciales a los archivos militares ordenadas en el proceso penal por la masacre de El Mozote, en la que el Ejército ejecutó a unos 1.000 civiles, la mayoría niños.
El conflicto armado entre la guerrilla y el Ejército, financiado entonces por Estados Unidos, se saldó con unos 75.000 muertos y cerca de 8.000 desaparecidos.
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