El Kremlin no cesa la presión sobre la oposición rusa después de la mayor jornada de detenciones en la historia postsoviética, ante el temor de que las actuales protestas se intensifiquen con el juicio el martes al líder opositor, Alexéi Navalni, que podría ser condenado a varios años de cárcel.
«Debemos actuar con todo el peso de la ley», dijo este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Peskov justificó la represión violenta de las multitudinarias manifestaciones que se celebraron el domingo en todo el país, desde Moscú a Vladivostok, e hizo oídos sordos a la unánime condena occidental, especialmente de Estados Unidos y de la Unión Europa.
RÉCORD DE DETENCIONES
Según la organización independiente OVD-Info, 5.646 personas fueron detenidas durante las protestas del domingo, una cifra sin precedentes en la historia de este país desde la caída de la Unión Soviética en 1991.
«Esperábamos que la policía reaccionaría con dureza. Pero la intimidación sólo funcionará durante algún tiempo», comentó a Efe Serguéi Boiko, líder del Partido Libertario, uno de los participantes en las protestas.
Pese al carácter pacífico de las manifestaciones, la jornada estuvo marcada por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los efectivos antidisturbios en varias ciudades, incluido en San Petersburgo, donde recurrieron a gas lacrimógeno y pistolas eléctricas.
Las comisarías no dan abasto, especialmente en Moscú, donde las autoridades han abierto más de dos mil procesos administrativos, a lo que hay que sumar decenas de casos penales.
«Hubo un número bastante grande de gamberros y provocadores con actitudes más o menos agresivas hacia las fuerzas del orden, lo que es inadmisible», dijo Peskov.
Los tribunales continuaron el lunes imponiendo arrestos administrativos a los pocos líderes de la protesta que no se encontraban ya en centros de reclusión desde la pasada semana, como el director de Rusia Abierta Alexéi Pivovárov o la jefa de prensa de Navalni, Kira Yarmish.
La mujer de Navalni, Yulia, que también había sido detenida el domingo, fue multada con 20.000 rublos (220 euros o 265 dólares) por participar en las protestas para exigir la liberación de su marido, en prisión desde su regreso de Alemania, donde se recuperó del envenenamiento que sufrió el año pasado.
Además, también fueron detenidos 82 periodistas -bien identificados con chalecos amarillos que les identificaban como tales-, lo que ha provocado una protesta de la Unión de Periodistas.
JUICIO A NAVALNI
Mientras, una vez concluida las dos semanas de cuarentena por la pandemia del coronavirus, Navalni se sentará el martes en el banquillo de los acusados a petición del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que le acusa de no personarse ante la autoridad por un antiguo caso penal, un caso fabricado, según la oposición.
La SPF se dirigió a los tribunales para que conviertan en una pena real los 3,5 años de cárcel de condena suspendida que la Justicia rusa impuso en 2014 a Navalni por un caso de estafa y lavado de dinero a la compañía «Yves Rocher Vostok».
Aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dio la razón en dicho caso a Navalni, la Fiscalía General de Rusia respaldó hoy la petición de los servicios penitenciarios.
Navalni acusa a las autoridades de prolongar de manera arbitraria durante un año -de diciembre de 2019 a diciembre de 2020- su libertad condicional.
«Es un proceso político, así que todo es posible», comentó Lev Ponomariov, el veterano defensor de los derechos humanos, que pronostica que el objetivo del tribunal será aniquilar políticamente a Navalni.
Al respecto, Boiko vaticina que Navalni será condenado con los 3,5 años que exige el fiscal.
PROTESTAS INDEFINIDAS
Boiko cree que el proceso judicial contra el opositor provocará una nueva ola de protestas, aunque matiza que no todos los manifestantes, ni mucho menos, son partidarios del enemigo número uno de Putin.
«No sólo han salido los que apoyan a Navalni. Hay muchos otros que están indignados con el Gobierno por otros motivos. Según sondeos independientes, un 40 % de los que salieron a protestar en Moscú y San Petersburgo lo hicieron por primera vez», dijo.
En su opinión, los rusos protestan contra el intento de asesinato de un rival político por parte del Kremlin, pero también contra la gestión del coronavirus o la aprobación de leyes que limitan las libertades fundamentales.
«El descontento popular se está acumulando, ya que el Gobierno no responde a las necesidades de los rusos. La pandemia congeló los procesos políticos en 2020, pero ahora las protestas no cesarán hasta 2024», cuando expira el actual mandato presidencial de Putin, apuntó.
Aunque admite que el vídeo de Navalni sobre «El Palacio de Putin», es decir la mansión que los amigos del presidente le habrían construido en el mar Negro y que ha sido visto por más de 104 millones de personas, fue una de las chispas que incendió la llama de las protestas.
En vísperas de la llegada del alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, Ponomariov llamó a Bruselas a imponer condiciones a Moscú para que los rusos puedan salir libremente a la calle y a enviar observadores a las próximas manifestaciones opositoras para evitar los excesos policiales.
EFE
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