La Guardia Civil detuvo el miércoles a Ernesto Quintero, de 41 años, con la intención de extraditarlo de forma urgente a Venezuela. El ciudadano venezolano, antiguo empleado de una Casa de Bolsa en el país criollo, se encuentra en la prisión de Soto del Real, aturdido todavía por la pesadilla en la que le han sumido las autoridades españolas.
Por Daniel Lozano – El Mundo
«Los abogados nos han dicho que ahora mismo no hay ninguna esperanza, que lo van a deportar a Venezuela en el primer avión. Mi esposo es inocente, tenemos todas las pruebas, reclamamos una revisión urgente de su caso», aseguró Cismary Marcano a ELMUNDO.es.
La posición favorable de la Fiscalía acompañó la sentencia de la Audiencia Nacional, que el año pasado accedió a la deportación reclamada por el chavismo. El recurso de súplica de Quintero tampoco fue atendido por las autoridades judiciales españolas.
El Consejo de Ministros finalmente decidió tramitar la extradición pese a la postura en contra de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR), que en su escrito no solo destacó el arraigo familiar de Quintero, sino también reiteró su recomendación «de no retorno y la valoración adecuada de sus necesidades de protección internacional, teniendo en cuenta la situación humanitaria y de seguridad en Venezuela». A Quintero se le denegó el estatus de asilo por contar con antecedentes penales por su caso.
La decisión gubernamental se ha tomado pese a que Naciones Unidas acusa al régimen bolivariano de practicar torturas, ejecuciones extrajudiciales y violaciones sexuales contra perseguidos y detenidos. En Venezuela tampoco existe el menor atisbo de independencia judicial, sino todo lo contrario: unos jueces que obedecen órdenes de los mandos bolivarianos.
Lo que más extraña del caso de Quintero es que se trata de un empleado sin ninguna proyección pública cuando en España hasta ahora se han frenado las extradiciones de pesos pesados del chavismo, como Hugo «El Pollo» Carvajal,director de la Inteligencia y Contrainteligencia del chavismo con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y la famosa enfermera del «comandante supremo», Claudia Díaz Guillén, involucrada en tramas corruptas y millonarias.
Quintero ejercía como administrativo en ABA Mercado de Capitales, una de las casas de bolsa intervenidas por Chávez en 2010. En aquel momento sus dueños huyeron del país y fueron acusados por estafar más de 50 millones de dólares. Pero Quintero, durante tres años, trabajó con los interventores del Estado para esclarecer el caso y fue reconocido por ello. En 2013 continuó su trabajo en otra empresa pero en 2015 se reabrió el caso, en el que pronto se le señaló como cabeza de turco. Sus abogados le aconsejaron que abandonara el país ante las acusaciones de la fiscalía revolucionaria.
En febrero de 2019, Quintero fue identificado en un control de la Policía Municipal, que descubrió que tenía una notificación roja de Interpol. El venezolano tardó un año en demostrarle a Interpol su inocencia hasta que en marzo del año pasado se le notificó su desincorporación del código rojo.
El proceso continuó en la Audiencia Nacional con el resultado ya conocido. «Nosotras sólo lo tenemos a él», se quejó Marcano de forma amarga a este periódico. Desde se detención sólo ha podido hablar en dos ocasiones con su marido. «Nos han dicho que le están tratando bien», confirmó a EL MUNDO, una explicación que nadie daría en España pero que en Venezuela es obligada tras cada detención o encarcelamiento.
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