La pandemia ha incrementado el riesgo de desalojo de migrantes y refugiados venezolanos en los países de acogida quienes, en su mayoría, no tienen vivienda formal y alquilan los lugares de manera verbal, pues no cuentan con los recursos ni documentos para hacer contratos formales.
Karen Sánchez | Laura Sepulveda Arcila | Voz de América
Este fue uno de los hallazgos de la Encuesta Regional de Desalojos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Venezuela, revelada el miércoles por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
El 86% de los encuestados manifiesta que el principal impacto del COVID-19 es la acumulación de deudas, y para más del 45%, es la exposición de amenaza al desalojo. En el momento de la encuesta, para más del 41% de los consultados esta amenaza se concretó en un desalojo, lo que ha hecho que más del 11% se hayan visto en situación de calle y el 39,8% estaban, de nuevo, en riesgo de desalojo.
William Spindler, encargado para las comunicaciones de la oficina regional para las Américas de ACNUR, explicó a la Voz de América que “hay un gran nivel de precariedad de esta población que ha sido efectivamente una de las más golpeadas en la pandemia que, de por sí, ha afectado de manera desproporcionada a América Latina”.
La encuesta encontró que el 86,6% de los hogares encuestados pertenecen a personas refugiadas y migrantes de Venezuela que tienen o tuvieron contratos de arrendamiento o de préstamo sobre sus viviendas. De estos hogares, el 76,9% pagan con recursos propios y solo un 10,4% proviene del apoyo de gobierno o un organismo humanitario.
Además, el 73,7%, acuerdan contratos verbales. Solo el 12.9 % tiene contratos de arrendamiento escritos.
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