Dos fiscales peruanas que investigaban a la mafia corrupta descubierta en el Poder Judicial y el Ministerio Público en 2018, Sandra Castro y Rocío Sánchez, serán removidas de sus cargos por haberse reunido con el expresidente Martín Vizcarra para buscar su protección.
EFE
Las fiscales Castro y Sánchez integraban el equipo especial que investiga el caso de «Los Cuellos Blancos del Puerto», como se denominó a la mafia formada por jueces y fiscales que traficaban sus sentencias por favores políticos o dinero.
Este escándalo estalló durante el Gobierno de Vizcarra (2018-2020) y generó una serie de medidas para reformar la judicatura y desarticular a la mafia que tenía tomada las salas judiciales de Lima y Callao, donde se ubica el puerto del mismo nombre.
Los vínculos de estos controvertidos jueces y fiscales, entre los que figura el exjuez supremo César Hinostroza que fugó a España, llegaron hasta sonados casos de la política peruana, como la investigación por lavado de activos abierta contra la actual candidata presidencial Keiko Fujimori.
REMOVIDAS POR LA FISCAL DE LA NACIÓN
La fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, declaró este martes que el encuentro de las fiscales con el exmandatario, revelado por una de ellas y confirmado por Vizcarra, «es un hecho grave», por el cual ha decidido apartarlas del equipo especial.
«Este es un hecho grave y en realidad, en resguardo de la persecución eficiente de esta investigación histórica para el país como es Los Cuellos Blancos del Puerto, mi despacho ha tomado la decisión de apartarlas a ambas del Equipo Especial», anunció Avalos en entrevista con RPP Noticias.
«Esta decisión se va a materializar posiblemente mañana con la resolución», agregó.
Avalos comentó que la actuación de las fiscales «se presta a conjeturas», pero añadió que «esos audios (que revelaron la mafia) no fueron inventados, y esas colaboraciones eficaces no fueron inventadas» tampoco.
En tal sentido, confió en que «vamos a retomar estas investigaciones porque nadie es indispensable».
VIZCARRA ADMITIÓ ENCUENTRO
Horas antes, Vizcarra admitió que se había reunido con las fiscales Castro y Sánchez en 2018 porque le dijeron que «temían por su integridad».
«Me pidieron conversar de algo sumamente importante por el riesgo que tenían para su seguridad», dijo Vizcarra a RPP Noticias.
El exgobernante, destituido en noviembre pasado, añadió que «al final no me dieron detalles, pero era obvio que el pedido era debido a la investigación de los Cuellos Blancos, bajo el cargo de las fiscales».
Una tercera fiscal del equipo especial, Roxana Jáuregui, anunció el domingo que ha denunciado a su colega Rocío Sánchez por haber presuntamente favorecido a uno de los investigados, el empresario Antonio Camayo, al devolverle el dinero que estaba congelado durante las pesquisas.
Sin embargo, Sánchez ha manifestado que estas denuncias forman parte de una estrategia para «traer abajo» la investigación contra Los Cuellos Blancos del Puerto, precisamente en momentos que la fiscalía ha abierto investigación también por el llamado «vacunagate».
Vizcarra, actual candidato al Congreso, es uno de los ex altos funcionarios vacunados irregularmente con las dosis que el laboratorio chino Sinopharm trajo al país para hacer los ensayos experimentales de su vacuna contra el Covid-19 y se enfrenta a varios presuntos delitos por este hecho.
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