El Senado argentino aprobó por unanimidad un beneficio económico extraordinario, que se entregará en una sola vez, a los familiares de los 44 tripulantes del submarino de la Armada ARA San Juan, que fue hallado en noviembre de 2018 hundido en el Atlántico tras un año desaparecido.
La iniciativa fue impulsada por el Gobierno de Alberto Fernández y ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados el 11 de febrero.
Según se informó, la indemnización se calcula con el salario de un trabajador público del nivel A grado 0 por cien veces, lo que rondaría unos 78.000 dólares, que los familiares, en caso de aceptarla, deberán reclamar en el plazo de 365 días.
Los beneficiarios que podrán acceder a este resarcimiento económico serán hijas, hijos, progenitores, cónyuges y convivientes de las 44 víctimas.
El ARA San Juan tuvo su último contacto con tierra el 15 de noviembre de 2017, cuando se movilizaba desde la austral Ushuaia, en Tierra del Fuego, hacia Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires.
En medio de fuertes labores de búsqueda, estuvo más de un año desaparecido hasta que fue encontrado el 17 de noviembre de 2018 hundido a 907 metros de profundidad, a más de 400 kilómetros de la costa a la altura de la ciudad patagónica de Puerto Madryn.
Ni el submarino ni los restos mortales de sus marineros fueron reflotados.
En la actualidad, una causa judicial trata de determinar las responsabilidades en el hundimiento del buque, que se produjo cuando aún gobernaba el conservador Mauricio Macri (2015-2019), con Oscar Aguad como ministro de Defensa.
La senadora Nancy González, del gobernante Frente de Todos, explicó que la ley aprobada no es un obstáculo «para llegar a la verdad en la Justicia» y recordó que «el submarino se encontraba realizando tareas de control en el límite de la zona de exclusión de pesca del mar Argentino».
Por su parte, el opositor Julio Cobos, de Juntos por el Cambio, reconoció que si bien esta iniciativa «no compensa ni el dolor ni la tragedia ni la angustia de los familiares y la perdida de 44 vidas», el Estado trata con ella homenajear a las víctimas y «poner un camino» que libere a las familias de «transitar por los palacios judiciales, que a veces demoran, son engorrosos».
«Es una forma de decir, ‘bueno, el Estado es responsable, esto es lo que el Estado estima y con esta cifra vamos a compensar a los familiares'», señaló.
EFE
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