Un líder indígena y un comunero defensor de derechos humanos de la etnia cacataibo fueron asesinados esta semana en la región amazónica de Ucayali, en el este del Perú, presuntamente a manos de bandas criminales dedicadas al narcotráfico y la invasión de tierras.
Así lo comunicó a Efe Berlín Diques, presidente de la Orau, la base regional en Ucayali de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
«Son los primeros casos registrados en la región en el presente año y todo es por el narcotráfico», aseveró Diques, quien lamentó el «absoluto descuido» de las autoridades peruanas ante los reiterados ataques contra las comunidades indígenas del país.
LOS DOS ASESINATOS
El asesinato más reciente fue el de Herasmo García Grau, un líder de la comunidad indígena Sinchi Roca, en la provincia del Padre Abad, en el departamento de Ucayali.
El joven, de 28 años, fue secuestrado el pasado jueves 25 de febrero y, al día siguiente, «apareció cruelmente asesinado».
La comunidad donde se produjo el secuestro pidió que se actualicen sus títulos comunales, pero, según denuncia la Orau en un comunicado, «la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali se ha negado sistemáticamente a concluir este proceso y esto contribuye a los intereses de los invasores, traficantes y demás delincuentes que utilizan esta zona como ruta de tránsito para sus negocios ilegales».
Cuatro días antes de la muerte de García Grau asesinaron a Yenes Ríos Bonsano, miembro de la comunidad nativa de Puerto Nuevo, en la provincia de Coronel Portillo, vecina de Padre Abad.
Según explicó a Efe Diques, ese comunero, de 25 años, integraba la «cúpula de un grupo que delinquía contra los narcotraficates de la zona» y el joven, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida bajo tierra, habría fallecido tras recibir el impacto de una bala.
DENUNCIAN «IMPUNIDAD Y ABANDONO»
«Esto no es un caso aislado, es una gran preocupación que nos desespera y es una situación que todo el mundo conoce pero las autoridades no accionan» porque «poco o nada les importa», criticó Diques.
En su pronunciamiento oficial, la Orau denunció que estas muertes son el resultado de un «escenario de impunidad y de abandono», que favorece el avance del narcotráfico, «destruye la economía» y «asesina» a los líderes indígenas.
«Esta muerte se produce porque hemos sido abandonados por las autoridades del Perú, quedando a la merced de los narcotraficantes, invasores de tierra y madereros ilegales», sostiene la organización.
La Orau recuerda que en abril del año pasado ya se produjo el asesinato del ‘apu’ (líder) de Unipacuyacu Arbildo Melendez, también del pueblo cacataibo, y critica que a día de hoy el Estado «aún no brinda justicia para su familia», que se encuentra «en total indefensión», mientras los «culpables permanecen libres».
«¿Por qué han abandonado tan brutalmente a la Amazonía? ¿Esta actitud es solo indiferencia o complicidad?», se pregunta.
Así, la entidad urge al Estado peruano a juzgar y condenar a los «verdaderos responsables» de estas violaciones a los derechos humanos a fin de «desactivar las bandas criminales ligadas al narcotráfico».
Además, solicita declarar en emergencia la región Ucayali y la provincia de Puerto Inca en Huánuco.
«No solo nos mata la pandemia, sino también la indiferencia o complicidad de las autoridades frente al impune tráfico de tierras, de madera y de droga que avanza en nuestra región como otro incendio que destruye la amazonía», lamenta la organización.
222 VIDAS EN UNA DÉCADA
Con los asesinatos de García Grau y Ríos Bonsano se eleva a 222 la cifra de personas fallecidas en Perú desde 2011 por defender los derechos humanos y participar en protestas.
De acuerdo con el informe «Socavando Derechos: la defensa de los derechos humanos obstaculizada por intereses económicos», del Observatorio de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (OBS), más del 70 % de los ataques documentados en esa última década se dieron contra defensores del medioambiente y defensores de los derechos de los pueblos indígenas.
Como ejemplo están los ataques sufridos por líderes indígenas de la Amazonía que se oponen a la invasión de sus territorios por parte de personas dedicadas a actividades ilícitas como el narcotráfico, la tala ilegal o la minería aurífera.
Es el caso de Gonzalo Pío, Arbildo Meléndez, Santiago Vega, y Roberto Villanueva Pacheco, por cuyos casos varios relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) están reclamando al Estado peruano sanciones para los agresores y protección para los amenazados.
EFE
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