Los años dorados de los abuelos se han tornado grises. Atrás quedó la bonificación al esfuerzo y la dedicación a años de trabajo que otorga el gobierno a través de pensiones y jubilaciones, cuyo monto está fijado en 1 millón 200 mil bolívares, por lo que en medio de la crisis les toca salir a la calle para trabajar o pedir colaboraciones en aras de poder cubrir sus necesidades básicas, o con suerte poder comprar algunos alimentos.
López Jordán | La Prensa de Lara
Bajo el sol inclemente, muchos de ellos con alguna discapacidad, se ven a los ancianos trabajando en el comercio informal, ofrecen chucherías, cigarrillos, agua envasada y hasta tapabocas de confección casera. Otros aún más delicados en muletas o sillas de ruedas, piden dinero para sobrevivir. Y aunque la piedad de los ciudadanos prevalezca, lo que consiguen no les alcanza para cubrir gastos médicos ni tratamientos. Con suerte pueden llevar a casa un kilo de harina y medio de granos.
Luis Salguero es un septuagenario que sufre las consecuencias de la fractura de su pierna tras ser atropellado por una moto. Se protege del sol con una camisa manga larga a medio abotonar y una gorra desteñida. A veces siente que sus chancletas desgastadas casi se derriten en sus jornadas diarias entre las avenidas Bracamonte con Venezuela. Allí está atento al cambio de luz roja del semáforo y esos segundos se desplaza hacia varios vehículos, algunos conductores que ni bajan el vidrio de las ventanas, pero él extiende su mano, con toda la esperanza de poder garantizar dinero en efectivo que le permita comprar comida.
«Me ha tocado meter la mano en la basura para buscar comida», susurra de esos momentos apremiantes cuando el hambre es incontrolable. Luego del accidente no pudo seguir trabajando en una fábrica de calzados donde prestaba servicio, y no quiere ser un peso más para sus hijos, quienes viven en la Ruezga Sur, por lo que pasa sus noches durmiendo frente a la Flor de Venezuela.
La Asociación de Pacientes con Discapacidad de Lara registraba en el 2017 un total de 200 trabajadores activos en empresas privadas y públicas, en respeto al artículo 29 de la Ley de las Personas con Discapacidad, ahora arrastrados por los embates de la pandemia y las limitaciones económicas, quedan sólo 50.
Ángel Zambrano, desde la Asociación, confirma el registro de 129 mil entre niños y adultos, pero han sido más vulnerables aquellos en edad productiva y los adultos mayores con enfermedades crónicas. «La pandemia terminó de complicar, cada vez siendo menos, quienes siguen trabajando». Lamenta que se les termina de complicar la situación al ser pacientes discapacitados, cuando muy bien pueden mantenerse como asistentes administrativos o cualquier otro oficio que les permita sus condiciones motoras.
El pago por concepto de pensión o jubilación solo alcanza para medio kilo de azúcar en Bs. 650.000 y un kilo de sal en Bs. 420.000. Comprar una harina o un kilo de caraotas es imposible, pues el primer rubro cuesta 2 millones 100 mil, mientras que el segundo 4 millones de bolívares.
Henry Véliz, representa una clara historia de esos pensionados que salen día a día a la calle. Con 65 años el hombre saca una fuerza y unas ganas de trabajar que resultan contagiosas. Se pone su chaleco y se va desde temprano al centro, donde funge como cuidador de carros. Cuenta que hay días que hace hasta Bs. 2 millones y a pesar que tampoco representa un alto ingreso, es un monto mayor al que le paga el gobierno por concepto de pensión.
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