La enviada especial de la ONU para Birmania, Christine Schraner Burgener, solicitó este viernes fortaleza y rapidez para «detener la violencia y restaurar la instituciones democráticas en Birmania».
«Su unidad es más necesaria que nunca en Birmania», dijo Burgener dirigiéndose a los países del Consejo de Seguridad de la ONU, que se han reunido hoy a puerta cerrada para discutir, por segunda vez, la situación en el país, tras el golpe de Estado militar del pasado 1 de febrero.
La enviada de la ONU, que aseguró que hasta el momento han muerto unos 50 «inocentes y manifestantes pacíficos», insistió en que hay informes confirmados de que muchas de estas muertes se han producido por armamento real, lo que se considera una violación de los derechos humanos.
«El uso de fuerza letal contra los manifestantes pacíficos contraviene claramente la ley internacional de los derechos humanos», dijo la enviada, cuyo discurso escrito fue difundido por la ONU.
En este sentido, agregó que hay videos grabados de francotiradores militares en sus posiciones apuntando a manifestantes desarmados, así como otros en los que se muestra cómo militares y policías disparan de manera indiscriminada a grupos de personas en distintas partes del país.
«Además, continúan las detenciones y las desapariciones forzosas por todo el país», dijo Burgener antes de detallar que, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en torno a «1.000 personas están detenidas o se encuentran en paradero desconocido desde que fueron arbitrariamente detenidas desde la asonada militar».
Poco antes de arrancar la reunión, el director de la ONG Human Rights Watch, Louis Charbonneau, pidió al Consejo de Seguridad la imposición de sanciones a los líderes militares birmanos responsables de las muertes, además de un embargo internacional de armas.
«Ningún país debería estar vendiendo ni una sola bala a la junta militar después de los abusos cometidos contra el pueblo birmano», escribió Charbonneau en su cuenta de Twitter.
El mes pasado, el Consejo de Seguridad ya abordó de emergencia la crisis, pero no llegó a condenar el golpe por la oposición de Rusia y China, que tienen poder de veto, por lo que por ahora parece poco probable que el órgano vaya a tomar medidas contra los militares.
A pesar de los llamamientos de la comunidad internacional y de las sanciones de países como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, los militares birmanos, encabezados por el general golpista Min Aung Hlaing, continúan con la represión de las protestas y las detenciones.
Los manifestantes exigen al Ejército, que gobernó el país con puño de hierro de manera ininterrumpida entre 1962 y 2011, que permita la vuelta a la democracia y reconozca los resultados de las elecciones del pasado noviembre, en las que arrasó la Liga Nacional para la Democracia (LND) de la nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, detenida por los militares junto a otros líderes electos. EFE
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