En la actualidad hay 18 expresidentes latinoamericanos condenados o sometidos a algún tipo de proceso judicial. Dos son prófugos de la justicia y uno se suicidó. En lo que va del siglo XXI cinco no pudieron terminar sus mandatos en medio de acusaciones de corrupción. Los afectados han sido de derecha, centro e izquierda. Aliados de Estados Unidos, o miembros del club de amigos de los expresidentes Fidel Castro y Hugo Chávez. No es cierta la afirmación según la cual hay un lawfer contra ciertos mandatarios por razones ideológicas.
Pedro Benítez-ALnavío
La decisión del juez Edson Fachin del Supremo Tribunal Federal de Brasil, anulando el pasado lunes todas las sentencias contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por el caso Lava Jato, y restituyendo todos sus derechos políticos, levantó un enorme, y lógico, revuelo dentro y fuera de ese país. Para los simpatizantes de su causa política a los dos lados del Atlántico es una prueba de la inocencia de Lula y una ratificación de que contra él hubo siempre una persecución judicial para sacarlo de la carrera electoral. Una continuación del supuesto golpe de Estado que hacia su sucesora Dilma Rousseff se consumó en 2016.
En esta valoración han coincidido desde el actual mandatario argentino Alberto Fernández, hasta el dirigente del partido Podemos de España, Juan Carlos Monedero, pasando por los expresidentes Rafael Correa, Evo Morales y Cristina Kirchner.
En resumidas cuentas, en esa versión de los hechos, como ha explicado muy bien Monedero en un video que ha difundido a propósito de este fallo de la justicia brasileña, se evidenciaría de manera irrefutable la guerra judicial (lawfer) que las fuerzas de la “derecha” han declarado contra los gobiernos progresistas de América Latina y de la cual todos ellos (por supuesto) han sido víctimas.
Sin embargo, en ese razonamiento hay una contradicción que salta a la vista. La justicia que condenó a Lula en dos casos distintos, que lo juzgaba por otro, que lo privó de libertad y lo inhabilitó políticamente, es exactamente la misma justicia que ahora anuló todas las condenas, y el juicio en curso en su contra (aunque no decide sobre el fondo de las acusaciones), que lo pone en libertad y le restituye todos sus derechos políticos.
La pregunta inevitable es: ¿Cuando la justicia brasileña lo condenó era mala y ahora es buena, o viceversa?
Un enredo similar se da en Colombia con otro expresidente aunque sin la misma repercusión internacional. Tres días antes de la medida que favoreció al expresidente Lula, el fiscal encargado del caso que por manipulación de testigos se le sigue a Álvaro Uribe, ha solicitado la “preclusión” de ese proceso, alegando que “varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”.
En 2014 el senador de izquierda Iván Cepeda acusó públicamente a Uribe por su presunta participación en la creación de grupos ilegales paramilitares en los años 90 (antes de ser presidente) en el departamento de Antioquia.
En esa ocasión Uribe acusó a Cepeda ante la Corte por manipulación de testigos. Pero cuatro años después, en un giro inesperado, la Corte absolvió a Cepeda y acusó al expresidente por el mismo delito de manipulación de testigos.
En agosto del año pasado Álvaro Uribe se convirtió en el primer expresidente colombiano privado de libertad por decisión de la Corte Suprema de Justicia.
Inmediatamente se declaró víctima de una persecución política, y en una maniobra renunció al Senado (la Corte Suprema investigaba su caso dada su condición de senador) para así ser juzgado por la Fiscalía, que según la oposición colombiana está en manos de un aliado del Centro Democrático, partido del expresidente Uribe.
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